Desde el Gobierno afirman que “este fideicomiso se estableció como un sistema interno de compensaciones que permita estimular la libre competencia, garantizar el abastecimiento interno y asegurar precios justos y razonables para las y los consumidores”.
La norma prevé que los aportes de fondos de cada fiduciante sean calculados según las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de los productos sujetos a aportes, registradas con posterioridad a la fecha de corte.
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A su vez, de manera trimestral, se realizará una evaluación entre los fiduciantes y la Secretaría de Comercio Interior de la Nación con el fin de que “el fideicomiso sea sustentable hasta el 31 de enero de 2023”.
El fideicomiso representa un monto de US$ 190 millones anuales y está integrado por las personas humanas y físicas que operen en el mercado de la soja y el girasol, y se encuentren inscriptos en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).
Beneficiarios
Los beneficiarios son, por un lado, todos aquellos que realizan en el país la transformación de aceite a granel en productos sujetos a compensación para su abastecimiento en el mercado interno con destino último al consumidor final, que se adhieran al fideicomiso.
Los productos sujetos a compensación incluyen a los “Aceites Envasados” (refinados comestibles destinados al mercado interno para consumo final y familiar en envases de hasta tres litros) y “Aceites Refinados” (de soja, girasol y/o sus mezclas).
El volumen de aceites envasados objeto de las compensaciones es de 29 millones de litros por mes calendario, en una proporción mínima de ochenta por ciento (80%) de aceite puro de girasol. También dispone que el precio base de aceites envasados se ajuste de acuerdo a una fórmula durante la vigencia del fideicomiso.
Críticas desde la producción
La Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) emitió un comunicado manifestando su malestar por la de medida: “Herramientas como éstas desincentivan la producción y van en sentido contrario a las necesidades de mayor bienestar y exportaciones. Este tipo de esquemas se tornan distorsivos generando un costo adicional a la cadena agroindustrial”, sostiene en un comunicado.
Luis Zubizarreta, presidente de la entidad, dijo a PERFIL que el fideicomiso “no deja de ser un impuesto más para la producción que nos quita competitividad. Entendemos las necesidades de los sectores más vulnerables, pero se los puede beneficiar de manera distinta, determinando a quiénes realmente les corresponde el subsidio y cómo fondearlo”.
Según Zubizarreta, el Gobierno “carga más la mochila de un sector que pierde competitividad y la pagamos todos. Argentina necesita incrementar sus exportaciones. En otros países que producen aceite no pasa esto, donde el que fondea es el que produce y lo desincentiva para producir más”.
