ECONOMIA
Cuentas públicas

"Licuadora" y "motosierra": la sostenibilidad del ajuste fiscal genera dudas entre economistas

Tras el superávit financiero que logró el Gobierno en enero, surgen interrogantes respecto a cuán sostenible en el tiempo es el programa delineado por Luis Caputo. Los límites de la licuación de partidas y el reclamo de consensos para atacar el déficit fiscal.

Luis Caputo
Luis Caputo | Na

Encolumnado detrás del lema "licuadora y motosierra", el gobierno de Javier Milei celebró con bombos y platillos el superávit financiero que logró en enero a raíz de los recortes del gasto público y el incremento de los ingresos vinculados al sector externo. Sin embargo, entre analistas crecen las dudas respecto de la sostenibilidad en el tiempo del ajuste fiscal, tal cual lo propone el ministro de Economía Luis Caputo.

Según anunció el Palacio de Hacienda, el Sector Público Nacional registró un excedente total de $518.408 millones en el primer mes del año. De esta manera, el resultado primario, que no contempla el pago de intereses de deuda, arrojó una variación positiva de $2.010.746 millones.

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"Licuadora" y "motosierra": los números fiscales de enero

Un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalló que los ingresos totales experimentaron un incremento interanual real de 0,7%, encabezado por aumentos de los derechos de exportación -también conocidos como retenciones- y los derechos de importación.

"Por el lado del gasto primario, este descendió un 39,4% interanual real. Cabe destacar que esta variación real del gasto primario resultó ser la mayor variación interanual real de los últimos 30 años. Todo el cambio del resultado fiscal fue explicado por una reducción real del gasto", agrega el análisis.

En cuanto al monto ahorrado de $2,7 billones, el IARAF calculó que los gastos que más se licuaron fueron jubilaciones y pensiones contributivas (-$885.074 millones); subsidios a la energía (-$366.451 millones); inversión real directa (-$321.474 millones) y transferencias totales a provincias (-$310.781 millones). Los cuatro ítems sumados aportaron el 70% del total ahorrado.

El plan de Caputo para alcanzar el equilibrio fiscal

El plan inicial delineado por Caputo proyectaba un recorte del 5,1% del Producto Bruto Interno (PBI) a fin de balancear las finanzas del Estado al término del ejercicio de 2024. Un 56% del ajuste se llevaría a cabo a través de una reducción significativa en el gasto, mientras que el 44% restante se obtendría mediante una suba en los ingresos fiscales. La licuación de las partidas vía inflación también asoma como una piedra angular del esquema.

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En un principio, el titular de la cartera económica proponía una disminución del 2,9% en las partidas que gasta el sector público, con una reducción del 0,7% en los subsidios económicos; 0,7% en los gastos destinados a infraestructura (obras públicas); 0,5% en los gastos operativos; 0,5% en las transferencias corrientes a las provincias; 0,4% en los pagos de jubilaciones y pensiones, y 0,4% en los programas sociales gestionados por intermediarios.

Al mismo tiempo, la hoja de ruta incluía un incremento del 2,2% en materia de recaudación tributaria: 0,8% a través del impuesto PAÍS; 0,5% de retenciones sobre todas las exportaciones; 0,4% por la reversión del impuesto a las Ganancias, y 0,5% por adelantos en Bienes Personales, blanqueo de capitales y moratoria.

La segunda parte del programa figuraba en el capítulo fiscal de la ley Ómnibus. En medio de las acaloradas negociaciones con la oposición, el Gobierno resolvió retirar el apartado en cuestión para agilizar el tratamiento en la Cámara de Diputados. Finalmente, el mega proyecto naufragó y el oficialismo se quedó sin una parte considerable de los recursos para que cierren las cuentas públicas.

Dudas entre analistas por la sostenibilidad del ajuste fiscal

Más allá de la euforia del elenco gobernante por los números de enero y las promesas de mantener el rumbo fiscal inalterado, surgen interrogantes entre múltiples consultoras y economistas en relación con la viabilidad del plan de Caputo para alcanzar el equilibrio financiero tras el -6,1% del PBI de punto de partida que heredó de la administración de Alberto Fernández.

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En tal sentido, un reporte de Portfolio Personal Inversiones (PPI) se pregunta "qué tan sostenible es el ajuste fiscal exhibido en enero, dado que se sustentó principalmente en una licuación del gasto público más que en un recorte nominal de las partidas".

"El fuerte ajuste en prestaciones sociales (jubilaciones y planes) luce reversible no sólo por el alto costo político, sino también por el rezago de la fórmula de indexación. Al tener la fórmula lag de un trimestre, estas erogaciones van a representar una carga abultada y una traba para ordenar las cuentas públicas una vez que la inflación baje, ya que comenzarán a ajustar por la inflación pasada", advirtieron.

A la vez, los analistas de la firma financiera remarcaron que "tampoco luce sostenible la postergación indefinida de las transferencias a CAMMESA, aunque destacamos que el nuevo esquema tarifario propuesto ayudará a reducir efectivamente los subsidios energéticos".

Coincidió el estratega jefe de Cohen, Martín Polo, al observar que la mejora del resultado fiscal "se apoya en licuar gasto, por lo que para hacerlo sostenible se requiere un programa fiscal de fondo que indefectiblemente debe pasar por el Congreso". "El plan de estabilización sigue en pie, pero sin dudas que el Gobierno deberá mejorar su capacidad de negociación y consenso para avanzar en reformas duraderas y salir de la urgencia", sumó.

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En tanto, desde el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) expresaron que el ajuste basado en la licuación "no es sostenible" y que el superávit de enero "es positivo pero precario". 

"La estrategia de equilibrar las cuentas públicas en base a la licuación de jubilaciones es muy endeble. Por un lado, porque tiene un impacto muy regresivo y genera tensiones políticas. Por otro, porque aumenta las demandas judiciales contra la ANSES debido a que la justicia previsional no tolera la licuación de jubilaciones", apuntaron.

A la hora de buscar soluciones, los analistas de IDESA propusieron "un ordenamiento integral del Estado" en vez de un equilibrio basado en licuar partidas del gasto público: "Por el lado de los ingresos, avanzar en la unificación y simplificación de impuestos y tender a que cada nivel de gobierno sea responsable de generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Por el lado de los gastos, eliminar superposiciones entre niveles de gobierno, ordenar el sistema previsional y mejorar la gestión pública".

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Por otra parte, los expertos de la consultora LCG plantearon que el primer mes del año suele ser "escasamente demandante en términos de gasto y en general el resultado siempre es mayor que el de los meses siguientes" y argumentaron que "el desafío se sostiene, pero el Gobierno parece concentrado en superarlo, traspasando parte de los costos a las provincias".

Para los economistas Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez de Fundación Mediterránea-IERAL, el costo de la estabilización económica "será más tolerable en la medida que el objetivo de reducir el peso del estado pueda lograrse con reordenamiento planificado de partidas presupuestarias y con racionalización de la superposición de erogaciones entre nación, provincias y municipios".

"Mientras más pueda avanzarse en esa dimensión, menor "tarea sucia" quedará a cargo de la devaluación y, por ende, más tolerable será la inevitable corrección de los desequilibrios heredados. A su vez, para lograr eficacia y sustentabilidad, no debería abandonarse el objetivo de coordinar esa formidable tarea entre Nación y Provincias", juzgaron Vasconcelos y Gutiérrez.

 

MFN / Gi