Las tarifas de gas para los usuarios residenciales aumentarán en promedio 203% a partir de este mes, mientras que el Gobierno permitirá acceder a la tarifa social a todos quienes cobren hasta $ 15.120 mensuales, el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles, incluidos los jubilados y los pensionados.
Así, lo hizo saber ayer el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien puntualizó que dicha tarifa involucra a “1,7 millón de hogares” y que para, su inclusión, “se considerarán los ingresos del titular del servicio”.
En relación a la tarifa social, reiteró que también se incluirá a las personas “electrodependientes y a sus convivientes y a quienes reciban pensiones vitalicias, los veteranos de Malvinas”.
“El objetivo es que queden cubiertos todos los que se encuentren por debajo de la línea de pobreza”, dijo Aranguren, en base a los datos publicados por el Indec, quien estimó que una familia de cuatro miembros necesita $ 12.489 para no ser pobre.
Por otra parte, señaló que se redujo en cinco años el criterio de exclusión para acceder a la tarifa social vinculado con la antigüedad de los automóviles que posean los usuarios, al pasar de 15 a diez años.
“La tarifa social sólo pagará por el transporte y la distribución”, precisó Aranguren, quien comentó que en promedio las de menor consumos serán de $ 50 mensuales, las intermedias de $ 130 y las más altas de $ 279 mensuales.
En lo que hace a la bonificación de tarifas por reducción de consumo, el titular de Energía señaló que “se tomará como base para el cálculo el mismo período de 2015” y que los usuarios residenciales que logren un ahorro tendrán bajas de 50%, para el segmento de menor consumo; de 30% para el intermedio y de 20% para el más alto.
AutocrТtica. Desde el costado político, el funcionario reconoció las marchas y contramarchas sobre el cuadro tarifario y aseguró que “nos hacemos cargo de lo que ha ocurrido en estos nueve o diez meses de idas y vueltas”.
“La urgencia de poder resolver un problema nos llevó a correr antes de empezar a caminar”, admitió el ministro.
De todas maneras, a partir de los cambios que se introdujeron en el nuevo cuadro tarifario, se mostró convencido de iniciar un camino hacia “un sistema más justo”, sustentado en una tarifa social que “llegará a quienes la necesitan”.
“Hay otros derechos humanos que están antes que un esquema tarifario, por eso queremos que a partir de una reducción gradual de los subsidios el erario (público) use los recursos para la educación y la salud”, remarcó Aranguren, uno de los ministros con peor imagen en el Gabinete de Cambiemos.