Esta semana, el Gobierno anunció dos medidas de fuerte impacto: la suba del mínimo no imponible de ganancias y la devolución del IVA para el consumo de bienes esenciales. Sin embargo, nación no será el único que deberá afrontar los costos.
Es que, al afectar directamente a los ingresos de los dos principales impuestos de la estructura de recaudación, que a su vez fondean la mayor parte de la masa coparticipable con las provincias, no solo tendrán un fuerte impacto negativo en el déficit fiscal sino que, en consecuencia, las provincias financiarán las mismas.
Economía difundirá la inflación cada semana, tras el IPC mensual más alto en tres décadas
Así se desprende de un informe realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCRE). "Las provincias aportan el 58% de este costo fiscal", sostuvo el director del organismo, Ariel Barraud.
Respecto al porcentaje que esto significaría al gasto primario de cada provincia, la que lidera en cuanto a pérdida es Jujuy, con un 5,5%, seguido por Santiago del Estero, con un 5,4%, y San Juan, con un 5,1%.
Mientras que, si se analiza el costo por tributo y reparto federal, Buenos Aires es, por amplia diferencia, el que más aportará a ambas políticas, con 175.000 millones de pesos. Es seguido por Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según detalló el documento, se estima que el costo fiscal de la elevación del piso de Ganancias sea de $1 billón de pesos; mientras que, respecto a la devolución del Impuesto al Valor Agregado, teniendo en cuenta el monto tope de $18.800 por persona que lo reciba y el universo potencial de 9 millones de personas, se acercaría a los $500 mil millones.
"Es decir que ambas medidas tienen un impacto negativo directo sobre la recaudación equivalente al 1% del PIB", argumentó el escrito.
Además, advierte que, en caso de que las mismas formaran parte de una política tributaria permanente, habría una menor recaudación de Ganancias por unos $3 billones y la recaudación del IVA se reduciría en $1,25 billones, ambos a nivel anual, lo que equivale a un 2,8% del PBI".
"Esta medida es un 'Plan Platita' para las elecciones nacionales pero con fuerte financiación provincial, que demuestra una fuerte irresponsabilidad por parte del Gobierno, profundizando el gasto fiscal y aumentando el riesgo inflacionario, afectando a los motivos por los cuales, en primera instancia, dichas disposiciones se llevaron a cabo", sentenció Barraud.
Estas medidas, llevadas adelante por el ministro de Economía, Sergio Massa, se dan tras conocerse la inflación de agosto, que fue de 12,4%; el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más alto desde febrero de 1991, antes de que entrara en vigencia la Convertibilidad.
Este contexto actual en materia de precios está provocando una baja profunda en el consumo y las ventas, principalmente de los comercios minoristas pequeños y medianos.
Según un reciente informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en base a una encuesta a más de 1.200 comercios, las ventas minoristas se desplomaron en agosto, con una caída del 4,1% interanual; y de los últimos 14 meses, solo en uno el índice subió.
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