Desde marzo de 2024 el bono a las jubilaciones mínimas se mantiene en $ 70 mil. Y así seguirá durante todo 2026. Por lo menos, así lo interpreta un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso en base al proyecto oficial: “Entre los $ 71 billones asignados para prestaciones previsionales (jubilaciones y pensiones, incluidas las pensiones no contributivas), se cuentan $ 3,8 billones para el pago de bonos, cifra prácticamente equivalente a la prevista para este año”. Por otra parte, “la cantidad de jubilados y pensionados pasaría de 9,15 millones en 2025 a 9,01 millones en 2026 (-1,5%), motivada por la caída de titulares en las pensiones por invalidez”.
Que el bono se haya mantenido en $ 70 mil durante 21 meses tuvo un gran impacto en el poder adquisitivo de los jubilados. Las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indican que, para sostenerse en valores acordes a la evolución de los precios, el adicional a los haberes mínimos debería ser de $ 173.407, $ 103.407 más que ahora. Destacan también que la intención de no actualizar ese suplemento está consignada en uno de los últimos informes que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Legislatura. “Aunque el Gobierno insista en que las jubilaciones mejoraron, los datos muestran lo contrario. En el trimestre septiembre-noviembre de 2025, las jubilaciones con bono –que percibe más del 60% de los jubilados– serán 16,1% inferiores al nivel registrado en el último trimestre del gobierno anterior”, explicó el economista Hernán Letcher, director de CEPA. Por su parte, finalizó, “la jubilación sin bono se mantendrá 1,7% por debajo del último trimestre del gobierno anterior”.
Para ponerlo en términos gráficos, si en marzo de 2024 el adicional representaba el 10,2% de lo que la Defensoría de la Tercera Edad calculaba como la canasta básica de un jubilado ($ 685.041), para noviembre de 2025 este porcentaje se redujo al 4,6% de esta canasta (que para octubre se estima que es de $ 1.514.074).
Entre los artículos que la estimación toma en consideración están los alimentos, los medicamentos, los artículos de farmacia y la vivienda. En marzo de 2024, por ejemplo, el bono jubilatorio era por lo menos suficiente para cubrir los gastos de transporte ($ 46 mil), pero ya no: ahora esos egresos de dinero se calculan en $ 85.200 mensuales. Lo mismo ocurre con los servicios: mientras que en marzo de 2024 implicaban un gasto de $ 26.394 y alcanzaban a solventarse con el adicional, ahora representan, en total, unos $ 123.050. La jubilación mínima, en este período, pasó de cubrir el 29% al 26% de la lista de bienes y servicios básicos medidos por la Defensoría.
“Los jubilados en general están mal alimentados. Comen lo que pueden. Predominan las farináceas, no se puede seguir una dieta. Y lo más grave es que se instaló como que esto es así. Sigue yendo mucha gente en comedores, muchos viviendo en pensiones, todas esas situaciones van en aumento”, explicó a este medio Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad. “Seguimos teniendo muchas personas en situación de calle”.
Un documento recientemente publicado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA explica que este sector etario está expuesto “a factores estructurales que promueven mayor exposición a carencias asociadas con condicionantes económicos”. Y agregan que, a su vez, “la vejez es una etapa vital en la que tiene lugar un declive de la salud física, siendo la alimentación un posible motivo de perjuicio sobre la misma en el caso de ser inadecuada en cantidad y calidad nutritiva”. La alimentación insuficiente como consecuencia de las dificultades en el acceso a alimentos, afirman, “está asociada con enfermedades crónicas, limitaciones en la capacidad funcional, problemas de salud mental como ansiedad y depresión y con una disminución del funcionamiento cognitivo”.
Los ingresos también son determinantes en la esperanza de vida. Un estudio del Centro para la Integración Sociourbana (Cisur) concluyó que el porcentaje de población adulta es menor en los barrios populares: “A nivel nacional hay una presencia de 9,1% de personas de 65 a 79 años, mientras que en los barrios populares alcanzan solo el 2,6 %, es decir, 3,5 veces menos”. En edades más avanzadas la diferencia se amplía: “En Argentina hay 2,64% de personas mayores de 80 años, mientras que en los barrios populares son apenas un 0,31%, lo que equivale a una proporción 8,5 veces menor”.
Las diferencias en cuanto al nivel de ingresos son abismales. Mientras en la población general la edad promedio de esperanza de vida llega a los 71,6 años, en los barrios populares desciende a los 60,6 años: 11 años menos de vida. La mayor brecha se da en el caso de las mujeres: mientras que entre los hombres la edad promedio pasa de los 68,9 años entre la población en general a los 59,4 en los barrios populares (9,5 años de diferencia); para las mujeres el promedio de vida es de 74,5 años y en los sectores económicamente más desfavorecidos es de 62 (12,3 años de distancia).
Luego de la reforma laboral –el próximo paso que piensa dar en materia legislativa– el Gobierno deberá encarar un cambio en el sistema previsional que le exigió el FMI para fines de 2026. Por ahora, se avanzó en la no renovación de las moratorias: quienes no tienen los treinta años de aportes –pero sí la edad para jubilarse– pueden acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En noviembre (contando el bono) es de $ 336.442.
