“Si la tarifa cuesta menos para el que usa la luz, el que usa aire acondicionado en verano o el que usa gas en invierno, esa diferencia de tarifa que una persona no está pagando, alguien la tiene que pagar: la pregunta es quién”, afirmó en su primera conferencia de prensa el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier. Lo que siguió después causó polémica y dio que hablar durante la semana en los medios y redes sociales: el funcionario defendió lo que el gobierno define como el “reordenamiento de los subsidios” para que las tarifas vayan “retornando a precios libres” y de mercado. “Eso conduce a otro tipo de acciones por parte de las familias, que dicen: ‘Bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme antes que prender el gas”. El funcionario repitió que, a esos gastos, de otra manera, “alguien los tendría que pagar”.
Ravier, como vocero presidencial primero, y Diego Santilli, como jefe de Gabinete después, reemplazaron a Manuel Adorni al frente de ambas funciones hasta hace pocos días. Bajo el mando de Santilli, y volviendo al tema de las tarifas de los servicios, quedó una jefatura que en su estructura centralizada (esto es, sin contar los organismos que dependen de ella) tiene un monto asignado de $ 5.032 millones para el pago de servicios básicos: un 1.180% más que en 2023, cuando ese número ascendía a los $ 393 millones.
El mayor gasto de servicios de la oficina se destina a la telefonía fija y móvil
En los números, que están disponibles para consulta pública en el presupuesto abierto y que fueron actualizados por última vez un día antes de la asunción de Santilli, se ven diferencias sustanciales en cuanto a lo destinado al pago de servicios por parte de la jefatura de Gabinete: $ 1.260 millones para energía eléctrica (contra unos $121 millones ejecutados en 2023), $ 3.074 millones para telefonía fija y móvil (contra poco más de $ 27 millones disponibles en 2023), y $ 142 millones para agua y cloacas (contra $ 18 millones previstos hasta el inicio de la actual gestión). Además de los servicios de telefonía (que pasaron de los $ 74 millones a los $ 3.074 millones desde el inicio del año –más de un 4.000% de incremento en seis meses–) sobresale el monto designado para el pago de energía eléctrica, que creció un 941%, cuando según el último reporte de tarifas y subsidios elaborado por la UBA y el Conicet registró un aumento del 494% entre diciembre de 2023 y junio de este año. Se puede inferir con estos datos que, al menos en términos presupuestarios, no está previsto un ajuste en el consumo estatal que es financiado por los contribuyentes, a diferencia de lo que, en palabras de Ravier, sí están haciendo las familias.
La canasta de servicios tampoco escaló en la misma medida que el total de los recursos asignados, ya que no alcanza el 1.180% asignado a la jefatura de Adorni (y ahora de Santilli) para 2026: el incremento fue del 919% en el mismo periodo. También es cierto que en relación a ese año la cartera sumó funciones (se hizo cargo del disuelto Ministerio de Ciencia y Tecnología), aunque eso por sí solo no explicaría el aumento, ya que sumaría menos de $ 200 millones al total asignado (es decir, un 4%).
PERFIL consultó a fuentes de la nueva Jefatura sobre la posibilidad de que estuviera previsto ajustar esos gastos. La respuesta fue que la asunción llevaba “72 horas” y que aún estaban armando la estructura y el organigrama. Ese mismo día se publicó el decreto 571/2026 que disolvió el Ministerio del Interior.
Otros números de la herencia
Además del presupuesto en servicios, la jefatura de Gabinete, para su estructura centralizada, cuenta con un total $ 59.050 millones disponibles para diferentes gastos: en la última actualización presupuestaria, que ajustó a casi todos los ministerios y secretarías, las oficinas de Adorni perdieron sólo un 0,3% de sus recursos (contaba, hasta entonces, con $ 152 millones más). De los $ 59 mil millones, $ 44 mil millones están orientados a gastos de personal, lo que representa un 75% del presupuesto. Otros $ 2.000 millones van para bienes de uso y de consumo.
Por otro lado, y tal como reveló este medio en otra nota, la Jefatura cuenta con el mayor presupuesto estatal para su “gabinete de autoridades superiores”: se trata de $ 4.692 millones asignados a quienes cumplen funciones de asesoramiento a los funcionarios o, como el nombre lo indica, a las autoridades superiores de la cartera.
Como contrapartida, y de acuerdo con el informe de dotación de personal que publicó el Indec el viernes, la jefatura de Gabinete tiene 617 empleados menos que en noviembre de 2025, cuando asumió su más reciente exjefe.
Presupuestos que bajaron
Entre los organismos descentralizados a cargo de Santilli está por ejemplo el Consejo Nacional de Investigaciones Científicos y Técnicas (Conicet), cuyo personal volvió a reclamar por estos días por las prórrogas de cerca de 380 becarios, bajas en obra social y los salarios, entre otras cosas. Para el Conicet el presupuesto para el pago de sueldos creció apenas un 5% en relación a 2025, con una inflación proyectada del 10% y que en el año superó ampliamente esa barrera.
Otro reclamo que se sumó esta semana fue el de los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Si bien no depende de Gabinete sino de Economía, la situación es similar que la del Conicet. El despido del 20% del personal contratado a finales de junio fue planificado en la proyección de gastos del año: los recursos destinados a este ítem pasaron de los $ 100 mil millones en 2025 a los $ 104 mil millones en 2026, lo que representa un incremento del 3% sin considerar la inflación, y por lo tanto una caída en términos reales.
Aunque desmentido por los mismos trabajadores despedidos, según el Gobierno se trató de 61 contratos, principalmente de administrativos, que no se renovaron. La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear explicó en un comunicado que el personal contratado de la CNEA “está conformado por profesionales, técnicos, y administrativos altamente capacitados cuya labor es fundamental para el funcionamiento de las instalaciones y la continuidad de proyectos estratégicos nacionales”. Este vaciamiento y desmantelamiento institucional, continuaron, “pone en riesgo décadas de esfuerzo e inversión en el sector”.
Desde 1950, explica la página web oficial, la CNEA es la institución argentina dedicada a la investigación y desarrollo de los usos pacíficos de la tecnología nuclear.
A través de la CNEA, “la Argentina ha desarrollado una amplia gama de actividades de investigación, desarrollo e innovación en disciplinas como las ciencias físicas, la química, la radiobiología, la metalurgia, la ciencia y tecnología de materiales y la ingeniería, entre otras”.
Para desarrollar esas investigaciones la Comisión sí ajustó en términos presupuestarios su consumo en energía eléctrica: los recursos disponibles son un 450% más altos que en 2023, pero quedaron 40 puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada por la UBA.
