Desde 1993, la normativa argentina exigía a las escuelas privadas que anunciaran el valor de sus cuotas y matrícula para un determinado período lectivo en el marco del año anterior. Eso acaba de cambiar: el Gobierno derogó el Decreto N° 2417/93, que en complementariedad con el Decreto N° 2542/91 establecía esta obligación. Lo hizo por medio del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.
El decreto anulado también obligaba a los establecimientos educativos privados a pedirle autorización al Estado cada vez que quisieran modificar los montos de las cuotas.
Aseguran que la normativa anterior generaba incertidumbre
Entre los fundamentos de la medida, se argumenta que el decreto eliminado "presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país". También se sostiene que "la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica", en una línea de pura raigambre libertaria.
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En otro pasaje, se afirma que la intervención estatal en la fijación de los precios de las cuotas limita la capacidad de los colegios de adaptarse a "las fluctuaciones del mercado", e impide que "ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos". Por eso, se considera que el decreto derogado creaba una situación "de incertidumbre económica".
El Gobierno sostiene que la desregulación de las cuotas beneficiará a las familias
Siguiendo esa línea, se argumenta que la desregulación del valor de las cuotas y las matrículas resultará beneficiosa para las familias. "Los institutos suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal", dice el decreto. "En consecuencia, este mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo". Se afirma también que en algunos casos. las familias debían cambiar a sus hijos de escuela debido a esta situación.
Por último, en el decreto se afirma que "el carácter predecible y fijo de las tarifas impuestas por el Estado puede llevar a una precarización de la calidad educativa", al afectar la rentabilidad de las instituciones.
MB
