El 23 de octubre, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) emitió una resolución (13.901/2025) por la que anunciaba la restitución de todas las pensiones suspendidas tras las auditorías. La decisión responde a una sentencia de la Justicia que ordena que, “en el plazo de veinticuatro horas desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas en todo el territorio nacional, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías”.
La directiva se comunicó esa misma semana de octubre y hacía extensiva a todo el país una cautelar dictada en septiembre para la provincia de Catamarca. Pero el pago a quienes no cobraron este ingreso durante varios meses, confirmaron fuentes del Gobierno a PERFIL, se hará efectivo recién en diciembre. Y, mientras se espera un fallo, el Ejecutivo decidió apelar.
“Andis sacó esta resolución donde supuestamente restituye la totalidad de las pensiones suspendidas en un anexo que es un listado de 1.800 páginas en el que figuran los nombres de todas las personas”, afirmó a PERFIL Belén Arcucci, coordinadora del programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y que participó como demandante en la causa. “También sumaron un escrito. Aclararon que la fecha de cobro va a ser en diciembre porque, argumentan, en noviembre ya estaban liquidados los fondos”, agregó.
“Nosotros tenemos algunas dudas porque hay personas de la causa que no están en el listado. En la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que está acompañando muchos casos, también tienen reclamos de personas que no figuran en ese detalle de los beneficiarios. A algunas personas que no están, en Anses les dicen que de todas maneras se las van a restituir”, afirmó Arcucci. Por ese motivo presentaron un escrito solicitando precisiones sobre esto y sobre si el pago será retroactivo, ya que la resolución no lo deja del todo claro. “También pedimos que se adelante el cobro por la urgencia de la gente, vamos a insistir en ese punto”.
Por último, agregó que, más allá de cumplir con la cautelar, “desde la Andis y el Estado apelaron”, aunque mientras dure esa apelación la orden judicial no se suspende.
Fuentes oficiales aseguraron a este medio que el reembolso será retroactivo y que “los únicos que quedaron afuera, por decisión del interventor de la Andis, Alejandro Vilches, fueron 114 personas que están privadas de su libertad”. También reconocieron que apelaron la medida y afirmaron, en línea con la idea que defendieron desde el comienzo, que “en la resolución se pone en conocimiento lo que implica el pedido de rehabilitar todas las pensiones que estaban suspendidas, porque hay muchos casos en los que habían presentado certificados médicos truchos y había otros casos de gente que no cumplía con los requisitos”. Respecto a las auditorías afirmaron que “por el momento se interrumpen y después, en todo caso, se verá”.
Lola Berthet: “Lo que vivimos no es violencia, es desesperación”
Tal como explicó este medio, en ese proceso el Gobierno gastó $ 23 mil millones en cartas documento. Además, de acuerdo con un pedido de acceso a la información pública que realizó ACIJ, cerca del 50% de esas notificaciones nunca llegaron a destino.
Otras cautelares
No es la primera vez que la Justicia obliga al Gobierno nacional a dar marcha atrás con sus medidas. En mayo de este año había ordenado la restitución de la cobertura del 100% a medicamentos a jubilados de Córdoba. La decisión se extendió a Mendoza, Salta, Tucumán, Provincia de Buenos Aires y CABA. Pero hasta ahora, denuncia Carlos Vicente, uno de los abogados demandantes, “no solamente incumplieron la medida ordenada por el Juez Federal, sino que además cometieron estafa procesal: los directores del PAMI informaron al Juzgado que sí estaban cumpliendo la cautelar y entregaban los medicamentos, cuando en realidad no lo hicieron nunca desde diciembre de 2024”, afirmó.
“PAMI sigue incumpliendo todas las resoluciones y las recurre. En ningún caso les fue concedido un recurso con carácter suspensivo, pero está claro que la estrategia es llegar de algún modo a la Corte. Las multas no las pagan: ni PAMI, ni los directores”, aseguró.
El abogado presentó una denuncia penal contra los directores nacionales y de Córdoba que fue admitida por el fiscal federal. “Ahora está en el Juzgado Federal N° 3. Hasta tanto nos admitan como querellantes no tenemos acceso al expediente”, adelantó Vicente.
“Lo realmente grave es el incumplimiento de la extensión a todo el país de la cautelar y de la obligación de entregar los medicamentos al 100% en todas las provincias. Lo absurdo es que la defensa que plantearon al inicio contra las primeras cautelares de Mendoza, Córdoba y Tucumán es que no podían poner un sistema en una provincia y en el resto otra”.
Fuentes del PAMI aseguraron a PERFIL que se está cumpliendo con las medidas cautelares y que, de todos modos, planean apelar la decisión.
