Por el año electoral, el Gobierno quiere postergar parte del aumento de las tarifas de gas. No quiere tropezar dos veces con la misma piedra. En el inicio de un año electoral, sabe que no tiene margen para que un aumento excesivo de las tarifas de gas desemboque, de nuevo, en una crisis política de magnitudes que afecte sus chances en los comicios. Por eso, si bien las facturas de gas subirán recién el 1° de abril, desde hace tres semanas técnicos del Enargas, el ente regulador del gas, intercambian información con las empresas distribuidoras –con Metrogas, Gas Natural BAN y Camuzzi a la cabeza– para proyectar –y definir– cuánto aumentarán las tarifas.
El Ejecutivo apunta a que las empresas acepten un incremento menor que el que solicitaron en la Revisión Tarifaria Integral (RTI), presentado en audiencia pública a principios de diciembre. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, no quiere que en ningún caso las subas escalen al 100% con relación al valor actual de las tarifas.
El Gobierno también replicaría el pedido para la tarifa eléctrica, que según Jefatura de Gabinete también necesita volver a subir para acercarse al costo de generación, ya que hoy cubre sólo el 30% del total (ver aparte).
Puja. La mayoría de las compañías distribuidoras requirió subas superiores a ese porcentaje. Como respuesta, el Ejecutivo propuso diferir para 2018 parte del aumento reclamado por ellas. En rigor, la propuesta del Enargas consiste en actualizar el cargo variable que cobran las empresas gasíferas en función del volumen de gas que consumen los usuarios. Y crear un fondo fiduciario para ampliar los gasoductos que se conformará recién en 2018, una vez que se cobre un aumento del cargo fijo que pagan los usuarios residenciales. Una de las alternativas que baraja el Enargas es establecer un cargo fijo único de $ 100 por usuario a partir de enero de 2018.
PERFIL tuvo acceso a proyecciones realizadas por el Enargas para dos distribuidoras. En todos los casos, los aumentos oscilan entre un 40% (para los usuarios R34) y un 90% para los usuarios R1.
Los privados desecharon la propuesta del Gobierno. “Antes del truco está el envido”, graficó el gerente general de una compañía, que pidió reserva. “Si Aranguren quiere diferir parte del aumento tarifario, habrá que aceptar una reducción del plan de obras presentado en la RTI”, agregó. No es un tema menor. En conjunto, las distribuidoras de gas prometieron inversiones por casi $ 50 mil millones para los próximos cinco años. Pero su situación financiera no es la mejor. Dependen de una actualización de sus ingresos para llevar adelante esos proyectos. “En este momento, la mayoría de las empresas saben que no podrán realizar las obras prometidas en el plan de inversión por inconvenientes financieros. Y la dilación del Gobierno para definir estos temas no ayuda”, admitió el gerente de Planeamiento de otra empresa.
Los privados argumentan que, como resultado de la anulación de los aumentos tarifarios del año pasado por decisión de la Corte Suprema de Justicia, se vieron obligadas a dejar de pagar parte de la factura del gas que compran a las petroleras.
