ECONOMIA
Ley Antimonopolio

Qué es la Comisión de Defensa de la Competencia que busca conformar Batakis

A pesar del anuncio de la flamante ministra, el organismo al que hizo referencia ya existe desde 2018.

Silvina Batakis
Silvina Batakis, ministra de Economía | AFP

Este lunes la ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció que va a “conformar la autoridad nacional de la Defensa de la Competencia”. Sin embargo, el organismo al que hizo referencia en realidad ya funciona y tiene sus integrantes elegidos por decreto desde que Alberto Fernández dio inicio a a su gestión en 2019. 

Se trata de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, creada por una ley sancionada durante la Administración de Mauricio Macri y que prevé que los miembros de tal organismo deberán ser elegidos por concursos de antecedente y oposición. “Creemos que tenemos que conformar la autoridad nacional de defensa de la competencia”, comenzó diciendo la titular de Hacienda

“No podemos permitir abusos de precios porque lo que pasó esta semana no tiene explicación técnica”, agregó Batakis en referencia a la suba de precios en comercios la semana pasada, luego de que trascendiera la renuncia de Martín Guzmán. Sin embargo, expertos en la materia sostienen que la Comisión de Defensa de la Competenciano está para hacer controles diarios”. 

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El exdirector Nacional de Defensa de los Consumidores durante la gestión anterior, Fernando Blanco Muiño, recordó que antes de la modificación de la Ley existía el Tribunal de Defensa de la Competencia que “en 11 años el kirchnerismo nunca integró”, según lo cita la agencia de noticias NA

La normativa actual exige que los miembros de la Comisión sean elegidos por concurso, algo que estaba lanzado por el exministro de la Producción, Dante Sica

¿Cómo se eligen los miembros de la autoridad?

De acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia, los miembros de la autoridad se eligen por un concurso de antecedentes. Para ello, se determina la creación del tribunal que debe diseñar el proceso, fijar las reglas, requisitos de los aspirantes, entre otras cosas. 

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Elegidos los aspirantes, el Poder Ejecutivo tiene que mandar las propuestas al Senado para la aprobación. Es decir, que estos funcionarios tienen una importancia similar a la del presidente del Banco Central o de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuyo nombramiento debe pasar por el Congreso. 

El tribunal del proceso de selección había llegado hasta el punto de la designación de ternas de candidatos el pasado 1 de octubre de 2019. Y luego, Macri envío los pliegos al Senado el 6 de diciembre, donde todo se frenó con el Decreto 36 de Alberto Fernández, que dictaminó la revisión de todos los procesos concursales. 

En ese contexto, Matías Kulfas anuló el concurso denunciado un vicio de forma, al indicar que Sica, que era el presidente del tribunal para elegir las ternas de los aspirantes a los cargos, había delegado la función en un suplente. También dijo que las condiciones del concurso se modificaron una vez lanzado el mismo y cuestionó que había ternas de candidatos repetidas en diferentes funciones. 

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En una nota reciente con PERFIL, el responsable legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, reclamó por la implementación “de una buena vez” de la Ley Antimonopolio. 

El constante aumento de precios

Para Polino, el Gobierno debería tomar medidas que eviten los permanentes aumentos de precios. “La única forma es poniendo en funcionamiento, de una buena vez, las normas legales que aprobó en su momento el Congreso Nacional. Por ejemplo: "la Ley Antimonopolio”. 

“Una ley que se aprobó en el mes de mayo del año 2018 que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia constituido por cinco miembros. Como es posible que haya pasado el 2018, todo el 2019; el 2020 y el 2021 y todavía no están designados los cinco miembros integrantes de ese Tribunal. Un tema que abarca dos Gobiernos de distintos colores políticos”, cuestionó Polino. 

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Polino también propuso que el Gobierno de Alberto Fernández ponga en marcha otra medida que, bajo su mirada, no se implementa porque falta voluntad: “La Ley que se denomina Observatorio de Precios. Una herramienta que permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo o indebido de precios. De modo que el Ejecutivo de turno puede actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy, como no está en funcionamiento, no sabemos quién es el responsable del mismo”, advirtió. 

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