La semana anterior se conoció un fallo trascendental que abarca a todos los trabajadores del sector privado: la suspensión de la reforma laboral.
Así fue como la Justicia Nacional del Trabajo, a través del juez Raúl Horacio Ojeda, le puso un freno a casi la totalidad de los artículos de la nueva “Ley de Modernización Laboral” (Ley 27.802) haciendo lugar a una medida cautelar interpuesta por la CGT.
Si bien no definió la validez o no de la nueva norma, el magistrado procedió a suspender 82 artículos de la Ley 27.802 hasta que se emita una sentencia de fondo. Por ello, varias de las polémicas medidas contenidas en la nueva ley como la reducción de las indemnizaciones por despido, el pago en cuotas de las sentencias, el reemplazo de horas extra por banco de horas, el nuevo período de prueba para trabajadoras de casas particulares, la derogación de la ley de teletrabajo, los límites al derecho a huelga, entre otros, provisoriamente no podrán ser aplicadas hasta que haya un nuevo fallo judicial.
Este fallo, que paraliza la aplicación de varios de esos artículos que implican una desmejora y una regresión en los derechos laborales, no solo beneficia a los trabajadores, sino que paradójicamente también puede beneficiar a las empresas.
Por qué se benefician las empresas
Y su explicación es lógica. Una ley que desde su origen tiene altas chances de ser declarada inconstitucional por oponerse naturalmente al principio de progresividad al vulnerar y restringir derechos humanos y laborales básicos de los trabajadores, también podría traer un efecto adverso y peligroso para las empresas: su inseguridad jurídica.
Esa inseguridad jurídica obedece -precisamente- por la inevitable ola de juicios y sentencias en contra que las empresas tendrían que afrontar por la aplicación de un nuevo régimen laboral potencialmente declarado inconstitucional. Entonces, este fallo que le pone un freno a esta reforma recién “salida del horno” y que muchas empresas ni siquiera aún la han aplicado, les puede llegar a evitar un daño mayor a futuro.
Si este freno a la nueva ley de modernización laboral hubiese llegado –por ejemplo- dentro de tres o cuatro años, el costo económico para las empresas en tener que volver todo para atrás, hubiese sido gigantesco y para muchas de ellas (especialmente las Pymes) imposible de sostener.
En ese sentido, que el fallo llegue ahora cuando la ley acaba de ser sancionada le trae un cierto alivio a las empresas, definitivamente.
De todos modos la disputa judicial recién acaba de comenzar. Aún faltan varias instancias, incluyendo la Corte Suprema, para ponerle un punto final respecto a la declaración de inconstitucionalidad -o no- de la nueva ley laboral.
*Gonzalo Benedetti es abogado laboralista.
LM / EM
