Juan José Aranguren cerró su peor semana como funcionario de Mauricio Macri. Tras el revés en la Corte Suprema a su política tarifaria, debió involucrarse en un tema que nada tiene que ver con audiencias públicas: hace exactamente veinte días, Aranguren recibió la segunda denuncia en su contra en la Oficina Anticorrupción. La primera es la que lo acusa de infligir la Ley de Etica Pública por poseer acciones de Royal Dutch Shell, y por la que se espera un dictamen de la dependencia que conduce Laura Alonso. Esta nueva acusación, en cambio, le genera otra preocupación porque apunta de lleno contra su desempeño público en el Ministerio de Energía: lo acusan de haber contratado para importar gas a los transportistas responsables de la estructura de sobrepecios de la era De Vido, que él dice estar combatiendo. La denuncia lo obligó a retroceder en otra política energética, en este caso, congeló la adjudicación hasta dentro de diez días. Sus técnicos admiten que no sabía a quiénes estaban contratando.
En rigor, la denuncia presentada en la Oficina Anticorrupción está direccionada contra Enarsa, la empresa estatal de energía, que depende de su cartera, y también contra la Subsecretaría de Puertos Navegables, que dirige Jorge Metz, un funcionario que responde al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
La presentación –que consta de 98 hojas– impugna una licitación de servicios de remolcadores para los barcos importados de Gas Natural Licuado (GNL), uno de los negocios más cuestionados durante la gestión kirchnerista.
Denuncia. La acusación central de la denuncia es que Enarsa terminó favoreciendo a la empresa Marítima Meridian, a la misma que acusa de haber pergeñado en 2008 –en connivencia con funcionarios del ex Ministerio de Planificación que condujo Julio De Vido– el esquema de sobrecostos de los servicios logísticos de los buques de GNL, que ahora la gestión de Aranguren dice querer desarmar.
Meridian es propietaria de Logística y Servicios Marítimos, la firma que asociada al gigante danés Maersk –la mayor compañía de contenedores del mundo– se impuso en un concurso realizado por Enarsa a fines de julio. En ese momento, desde los ministerios de Energía y Transporte destacaron que, a partir de los precios ofrecidos por la empresa ganadora, lograron reducir un 36% la tarifa medida en dólares de los buques remolcadores.
Sin embargo, la denuncia presentada el 1° de agosto en la Oficina Anticorrupción –que lleva la firma de Joaquín Salas y cuatro representantes más de cámaras de practicaje marítimo– tiñe de sospecha todo el proceso. La presentación –a la que accedió PERFIL– sostiene que “la agencia Marítima Meridian perteneciente a la familia Samarín fue la iniciadora en el año 2008 en representación de Enarsa en todo lo atinente a la organización, contratación y estructuración de costos tendientes a permitir el ingreso de la totalidad de los buques regasificadores (y de GNL) a nuestro país”. Cada buque de gas que ingresa a las terminales de Bahía Blanca y Escobar requiere del soporte de cinco barcos remolcadores. Los denunciantes sostienen que eso fue definido en 2008, por Jorge Samarín, titular de la empresa, tras un viaje a Europa por encargo de Enarsa, que conducía De Vido.
“Es curioso: el Gobierno dice querer ordenar el desbande de costos de la importación de gas y termina contratando a la empresa que generó ese esquema que hoy quiere combatir”, cuestionó uno de los denunciantes. Desde Marítima Meridian no respondieron las llamadas de este diario. Pero allegados al empresario señalaron, sin embargo, “no existe constancia documental alguna que dé cuenta de una relación de representación Marítima Meridian a Enarsa en ese proceso”.
Además, se acusa a Marítima Meridian, en su carácter de agencia marítima de Enarsa, de haber cobrado fondos de la empresa estatal para pagar servicios de contratistas (remolcadores y practicaje) y luego exigir a esas empresas un reintegro de esos montos vía nota de crédito, fondos que nunca devolvió a la empresa estatal.
Reacción. Para Aranguren, que edificó su salto a la política en base a una imagen de inquebrantable rectitud y honestidad, no hay nada peor que la falta de transparencia. Por eso, ordenó suspender la adjudicación definitiva a Servicios Logísticos y Marítimos hasta que no se aclare la cuestión. De hecho, la semana pasada, en pleno vendaval por las tarifas, el ministro se reunió en su oficina con Miguel Doñate, fundador de Calaprac, una de las cámaras detrás de la denuncia ante la OA.
En diálogo con PERFIL, el presidente de Enarsa, Hugo Balboa, hombre de máxima confianza de Aranguren, aclaró que “aún no hay un definición oficial sobre la licitación”. “Hemos recibido esta denuncia con posterioridad al concurso y la estamos evaluando. En una semana y media o dos deberíamos tener una decisión”, aseguró.
Metz, por su parte, cargó en duros términos contra las empresas locales de la industria marítima. “Hay sobrecostos generados por todo el sector. En estos meses encontramos distorsiones de precios en los convenios colectivos de trabajo, que afectan a la Marina Mercante, que desapareció en los últimos años”, cuestionó. “Vemos que el costo de los servicios de remolque ha aumentado un 500% en dólares en los últimos años y la tarifa de los servicios de practicaje también tuvo un impacto en dólares muy fuerte. Estamos decididos a bajar esos costos para mejorar la competitividad”, enfatizó.
