"Esta Justicia que Macri usó para perseguir a Cristina, seguramente lo va a perseguir a Macri", dijo Alberto Fernández en diálogo con C5N hace pocos días. Es una frase que define un clima de época, pero también parte de lo que podría afrontar el ahora expresidente Mauricio Macri desde que ayer dejó el poder.
Según constató la revista Noticias, Macri tuvo 144 denuncias durante su mandato. Y en este informe el Equipo de Investigación de Perfil Educación analiza las principales causas en las que figuran el presidente o las empresas de su familia. Tres de estas investigaciones se agilizaron en las últimas semanas, antes del cambio de mando.
- Correo Argentino
La empresa familiar de Macri tenía en 2001 una deuda de 300 millones de pesos con el Estado y cuando Cambiemos llegó al Gobierno se acordó que condonaba esa suma con una reducción calculada en un 98,82%. Lo restante se terminaría de pagar en 2033. Pero la fiscal Gabriela Boquín alertó que el acuerdo era abusivo, y calculó que en 2017 esa deuda superaba los 4 mil millones. Comenzó entonces un largo periplo judicial.
Quien defendía los intereses estatales cuando Macri era presidente era el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, que reemplazó en ese puesto a Carlos Balbín, luego de que le exigieron su renuncia desde el anterior Gobierno. Ahora el nuevo procurador es Carlos Zannini, es decir que un viejo alfil de Cristina Fernández de Kirchner pasará a representar al Estado frente a una empresa de los Macri.
La causa se tramita en dos partes. La económica, en el Juzgado Nacional Comercial 6 con la jueza Marta Cirulli y la fiscal Boquín. La penal, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Hubo cruces internos entre los dos frentes judiciales: la fiscal Boquín (comercial) pidió con urgencia que el juez Lijo (penal) devuelva el expediente para continuar con el concurso preventivo de la empresa.
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Según la fiscal, el 30 de septiembre envió el expediente al área penal, y hasta principios de diciembre no había sido devuelto, cuando el plazo era de cinco días hábiles. "Implicaría seguir dilatando los tiempos sin una definición en la causa comercial", manifestó Boquín en un documento, en el que también sentó opinión. "Es inaceptable que en un trámite en el que el Estado Nacional sea parte se desnaturalice el proceso concursal por la existencia de conflicto de intereses", advirtió.
Por su parte, el juez Lijo le solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial un informe que defina si el acuerdo entre la empresa de la familia Macri y Correo Argentino fue perjudicial para el Estado. De esos resultados podrían salir las próximas decisiones penales. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia debe expedirse sobre un pedido de nulidad de la causa por parte de las defensas, que consideran que no hubo delito porque el acuerdo no se concretó y las cifras de la deuda no pueden actualizarse.
Hasta ahora fueron indagados el presidente y el abogado de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Manuel Mocoroa, y el exministro de Comunicación y de Defensa Oscar Aguad.
"Me investigan por un hecho que no se concretó. Le pidieron opinión a Boquín, dijo que había un abuso sobre el Estado en términos civiles, no penales, retiramos la propuesta y el acuerdo no se hizo", dijo Aguad al Equipo de Investigación. "Correo no tiene bienes, es imposible cobrar la deuda porque en la época de Néstor Kirchner le sacaron bienes y concesiones. No tengo por qué pensar que a partir del 10 de diciembre va a pasar algo raro. No me siento perseguido por la Justicia", completó el exministro de Cambiemos.
Según documentos analizados por el Equipo de Investigación, Sideco y Socma, empresas de la familia Macri, aportaron 21,1 millones de pesos a Correo Argentino entre 2016 y julio de 2019. Sideco dejó de aportar en 2017, pero hasta octubre de este año alquiló sus oficinas por 18 mil dólares mensuales para que trabaje el escaso personal de Correo. Hoy la firma tiene un coadministrador designado judicialmente.
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- Paseo del Bajo
Cuando el gobierno de Macri se aprestaba a inaugurar la multimillonaria obra, la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Segura, hoy legisladora kirchnerista, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El caso pasó primero por el juez Sebastián Casanello y luego por Claudio Bonadio.
¿Los señalados? Horacio Rodríguez Larreta, Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte porteño, Franco Moccia, y el presidente de Autopistas Urbanas S.A (AUSA), Carlos María Frugoni. ¿El motivo? La adjudicación a Iecsa, en aquel momento una empresa del primo presidencial Ángelo Calcaterra, del tramo más caro de la obra, por el que se le otorgaron al menos 3.200 millones de pesos. Luego de esta operación, Calcaterra le vendió la firma a Marcelo Mindlin, de Pampa Energía.
El Equipo de Investigación publicó recientemente que el cuestionado tramo del Paseo del Bajo, conocido como tramo C, será auditado el próximo año. Según pudo saber el Equipo de Investigación, aún no hubo indagatorias y, hasta ahora, sólo se extrajo documentación de AUSA y del Poder Ejecutivo para analizar y poder establecer el avance del caso.
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- Autopistas
Sideco, de los Macri, controlaba la firma Autopistas del Sol (Ausol), concesionaria del Acceso Norte, junto a la española Abertis. En 2017 se desprendió de estas acciones, que pasaron a Natal Inversiones. Previo a esta operación, las acciones de Ausol treparon cerca de 400% por aumentos en los peajes que dispuso el Poder Ejecutivo.
Casi al unísono, Ausol presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por retrasos tarifarios. Se le pagaron 500 millones de dólares y se le extendió la concesión. En un trabajo del Equipo de Investigación sobre el caso, Julieta Ripoli, exjefa de Concesiones en el área jurídica de Vialidad Nacional que estuvo en las negociaciones, manifestó: "Esa demanda fue una puesta en escena para forzar la negociación que arreglaron en un cuarto cerrado los empresarios de Ausol, Acceso Oeste y los funcionarios de Vialidad".
La causa fue impulsada inicialmente por Margarita Stolbizer y su abogada, Silvina Martínez. "Creemos que diferentes funcionarios públicos se interesaron en beneficiar a la empresa Ausol de la familia Macri, condicionando así la voluntad de la administración pública por la inserción de un interés particular", decía la presentación judicial. Martínez dialogó con el Equipo de Investigación y manifestó: "Hicimos una denuncia cuando surgió el aumento de autopistas, le quedó al juez Daniel Rafecas y la cerró. Rafecas es siempre oficialista".
El Equipo de Investigación accedió al documento de la denuncia.
Quien retomó el caso fue el diputado de Unidad Ciudana, Rodolfo Tailhade, que apuntó contra Mauricio Macri, al extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich. La causa recayó en el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli.
"El caso está bastante avanzado y tengo más datos", detalló Tailhade ante el Equipo de Investigación. Julieta Ripoli ya declaró, y la semana pasada hubo dos testimonios clave: Gustavo Gentili, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales y Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro.
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- Blanqueo de capitales
En 2016, pocos meses después de asumir, el Gobierno lanzó un decreto para que padres, hijos y cónyuges de funcionarios pudieran entrar al blanqueo de sus cuentas. Y si bien los hermanos de funcionarios estaban habilitados a hacerlo previamente, el hermano del presidente, Gianfranco Macri, se benefició con un blanqueo de 622 millones de dólares.
El flamante canciller y exdiputado Felipe Solá presentó una acción de amparo en diciembre de aquel año para que se declare inconstitucional el decreto de Macri, ya que consideraba que el Poder Ejecutivo había asumido facultades legislativas alterando y tergiversando el espíritu de la ley. Además, pidió una medida cautelar para suspender los efectos del blanqueo.
En primera instancia, la jueza María Alejandra Biotti negó la acción de Solá. El exdiputador apeló ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que le otorgó legitimidad. Por su parte, el Poder Ejecutivo se presentó ante la Corte Suprema, que le pidió opinión a la Procuración General de la Nación. Este órgano aseveró que Solá, como legislador, no tenía legitimidad para dirimir estas cuestiones.
De todos modos, la opinión de la Procuración no es vinculante, y la decisión final sobre el amparo de Solá será de la Corte Suprema. El Equipo de Investigación accedió a un escrito del diputado, presentado ante el Grupo de Acción Financiera, en el que decía que esperaba el tratamiento de su acción de amparo por parte del máximo tribunal en el primer trimestre de 2019, algo que no sucedió. El Equipo de Investigación contactó al canciller Solá, pero no quiso realizar declaraciones.
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- Parques Eólicos
Una denuncia del diputado kirchnerista Tailhade, basada en una investigación de PERFIL, generó una causa que quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Georgi y el fiscal Eduardo Taiano. Se sospecha que el Gobierno le facilitó a Sideco y Socma. ambas empresas de la familia Macri, seis contratos de energía eólica sin licitación pública, para luego revenderlos por montos mayores.
La investigación consignó, a su vez, que uno de los socios del entramado fue el capitán de Boca Carlos Tévez. Y que detrás del holding Usir apareció una empresa "madre" radicada en Luxemburgo: la offshore Rainbow Finance S.A.
Mariano Payaslián, contador de confianza de los Macri, entre fines de 2015 y principios de 2016 creó las sociedades Usir Argentina, Sidsel, Sideli y Parque Eólico Miramar, que habrían servido de "fachada" de la operación. Según el medio Cenital, el hermano del presidente, Gianfranco Macri, recibió 2,5 millones de dólares por parte de Usir.
"Le dieron plata a Gianfranco porque se repartieron el botín. Las sociedades que participaron de este negocio están flojas de papeles, ya que no presentan nóminas de autoridades actualizadas ni balances. En la que aparece Tevez (Sideli) lo empezaron a hacer cuando el tema tomó estado público", aseguró Tailhade ante el Equipo de Investigación. Las indagatorias por esta causa podrían comenzar el próximo año.
Pero en lo sucesivo, pueden surgir nuevos cambios que amenacen a Macri y las empresas de su familia en el frente judicial. Los tiempos de la Justicia ahora pueden acelerarse desde el cambio de gobierno.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.
