La Ley de Inocencia Fiscal introduce una modificación relevante en la forma en que el Estado se vincula con los contribuyentes. El eje central de la norma es dejar atrás la presunción de culpabilidad fiscal y avanzar hacia un esquema que priorice la razonabilidad, la previsibilidad y la seguridad jurídica, especialmente en materia de controles y sanciones.
Uno de los objetivos explícitos de la ley es ordenar el sistema tributario y proteger el ahorro, buscando generar condiciones que permitan reinsertar capitales informales en la economía formal. La expectativa es que este cambio contribuya a dinamizar el consumo, la inversión y el acceso al financiamiento, en un marco de mayor estabilidad normativa.
El tapón fiscal como herramienta de previsibilidad
Entre las novedades más destacadas se encuentra el denominado “tapón fiscal”. Este mecanismo establece una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas aceptadas por ARCA, otorgándoles efecto liberatorio. En términos prácticos, esto implica que los períodos declarados no podrán ser reabiertos ni ajustados, salvo que se detecten diferencias significativas. Se trata de un punto clave para reducir la incertidumbre que históricamente generaron las fiscalizaciones retroactivas.
Régimen de declaración simplificada
La ley incorpora un Régimen Simplificado de Ganancias destinado a personas humanas con ingresos y patrimonio dentro de ciertos parámetros. A través de este esquema, ARCA determina el impuesto y el contribuyente puede aceptarlo y abonarlo directamente, o revisarlo antes del vencimiento. Los controles se concentran en la facturación y los gastos deducibles, dejando fuera del análisis los consumos personales y la variación patrimonial, salvo situaciones puntuales.
Cambios penales y regularización
Otro aspecto relevante es la actualización de los montos mínimos para la configuración de delitos tributarios, que eleva de manera significativa los umbrales vigentes. A esto se suman incentivos para la regularización voluntaria, que permiten evitar o extinguir la acción penal si la deuda se cancela en determinadas condiciones.
Menos litigiosidad y sanciones más razonables
La norma también reduce los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores y actualiza las sanciones administrativas, incorporando un sistema de recordatorios previos y criterios más flexibles para graduar las multas.
En conjunto, la Ley de Inocencia Fiscal apunta a un sistema más claro y previsible, donde el cumplimiento voluntario se vea acompañado por reglas más equilibradas y coherentes.
