Armas, el último pilar que sostiene a Maduro en el poder en Venezuela

“Lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”, confesó esta semana Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela admitió lo obvio: el chavismo, acorralado por la peor crisis política, económica y social de las últimas dos décadas, se sostiene en el poder por el monopolio de la violencia física en manos del Estado, es decir, por el control de las armas. La Revolución Bolivariana gobernó el país en los últimos 18 años sustentado en tres pilares fundamentales: el liderazgo carismático de Hugo Chávez, el apoyo de la mayoría del electorado, y la sujeción de las Fuerzas Armadas, que tras el golpe fallido de 2002 y su posterior purga, juró fidelidad al chavismo.

Tras la muerte del ex presidente en 2013 y la aplastante derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, el Palacio de Miraflores se recostó sobre las Fuerzas Armadas. Ese factor de poder se explicitó aún más cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) usurpó en marzo las facultades de la Asamblea Nacional y estallaron las protestas en las calles, en las que murieron hata el momento 89 personas. Para sofocarlas, el gobierno apeló a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la policía, quienes sólo estarían autorizados a emplear elementos de disuasión, como “agüita y gasesitos”, según dijo Maduro. Sin embargo, la fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció que policías y militares mataron a 23 personas e hirieron a 853 manifestantes. Por eso, el Ministerio Público citó en calidad de imputado al ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y actual jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio José Benavides Torres, “por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”. “Las armas deben estar al servicio del pueblo”, aseveró la chavista crítica, que fue tachada de traidora por el Ejecutivo.

Hasta los dientes. Entre 1999 y 2016, Venezuela gastó 5.657 millones de dólares en armamento y equipos militares para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) así como vehículos y material antimotín -utilizados para reprimir las protestas-, según cifras del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri). En ese período, Venezuela fue el país que más gastó en armas en América Latina.

Durante el gobierno de Maduro se gastó el 27,1% del monto señalado, es decir, 1.535 millones de dólares. Los principales proveedores de Venezuela fueron Rusia, China y España, con la adquisición de material por 4.005, 628 y 290 millones de dólares respectivamente, indicó el Sipri.

Gran parte de ese arsenal corresponde a equipos y sistemas antimotines y bombas lacrimógenas, que en los últimos tres meses los uniformados dispararon contra los manifestantes. La fiscal general interpuso este mes un recurso de amparo para prohibir que las fuerzas de seguridad tiraran gases lacrimógenos u otros agentes químicos en las inmediaciones de escuelas y hospitales.

Las imágenes del asesinato de David Vallenilla, de 22 años, ejecutado a quemarropa por un efectivo de la guardia nacional en las afueras de la base de La Carlota, desmintieron a Maduro, quien había jurado que estaban prohibidas las “armas de fuego y escopetas de perdigón”.

A 18 años de haber alcanzado el poder, los valores que cimentaron el Socialismo del Siglo XXI, que en sus orígenes brilló por sus misiones sociales y por la distribución de la riqueza, están en peligro. “Armas para la Revolución y para el pueblo... armas libertadoras en manos de soldados libertadores”, dijo Chávez en 2012 en el vigésimo aniversario del 4F, frente al general Cliver Alcalá (ver nota aparte). Hoy, esas armas son levantadas contra la población civil. La pregunta inevitable no tiene respuesta: ¿qué diría el extinto presidente si estuviera vivo?

En defensa de la fiscal
La oposición venezolana se concentró ayer en Caracas en rechazo a la solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal de ese país, Luisa Ortega Díaz, que aprobó el oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se congregó en la autopista Francisco Fajardo, principal arteria vial de la capital. “Ni perdigones, ni bombas nos detienen, seguimos en las calles. A pesar de la política de terror que quiere aplicar el régimen”, expresó el diputado opositor Juan Guaidó.
El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, acusó ayer a Ortega de “dirigir” o “formar parte” de un golpe de Estado contra el gobierno de Maduro. Sus palabras llegaron luego que la fiscal general imputara al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por presuntamente violar derechos humanos durante allanamientos y redadas policiales. La funcionaria aplicó el mismo criterio con el ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavides Torres.