El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aceptó este viernes la renuncia de Carlos Lupi, quien hasta ese momento se desempeñaba como ministro de Seguridad Social. Las irregularidades responden a supuestos descuentos en el cobro de prestaciones sociales, una práctica que habría comenzado en 2019 durante la presidencia de Jair Bolsonaro.
Lupi dejo su rol de funcionario luego de un encuentro con Lula en el Palacio del Planalto, en Brasilia. En su lugar, el presidente nombró al exdiputado federal Wolney Queiroz, quien hasta entonces era secretario ejecutivo del departamento.
También es presidente nacional del Partido Democrático Trabalhista (PDT), Lupi expresó su decisión en una publicación en redes sociales. En su mensaje, defendió su inocencia, asegurando que su nombre no había sido mencionado en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades que involucran al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
El descargo del exministro brasileño Carlos Lupi
Lupi destacó que las investigaciones contaron con el respaldo del Ministerio de Seguridad Social y de los órganos de control del gobierno de Lula, y afirmó que esperaba que los responsables fueran identificados y castigados conforme a la ley.
La salida de Lupi se produjo una semana después de que la Policía Federal (PF) y la Contraloría General de la Unión (CGU) lanzaran un operativo conjunto para investigar un esquema de descuentos no autorizados relacionados con cuotas de afiliación a servicios del INSS. Las irregularidades, que según las autoridades comenzaron en 2019, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, continuaron hasta el mandato de Lula.
En su mensaje, Lupi también expresó su agradecimiento a los más de 20.000 empleados del INSS y del Ministerio de Seguridad Social, a quienes calificó de "profesionales comprometidos" que apoyan el mayor programa social de América Latina. Además, reiteró su compromiso con la devolución de los recursos desviados y con el seguimiento de la investigación.
Los efectos del escándalo en el INSS
El escándalo tuvo consecuencias significativas dentro del INSS. La investigación ha llevado a la destitución del presidente de la entidad, Alessandro Stefanutto, y a la remoción de cuatro directores del instituto. Además, un policía federal destinado en São Paulo también fue apartado de su cargo en relación con el caso.
La oposición política, que ha presionado con fuerza por respuestas claras, presentó el 30 de abril una solicitud para la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) destinada a investigar el rol de los sindicatos en el fraude dentro del INSS. La situación se volvió insostenible para Lupi, quien tuvo que comparecer ante la Comisión de Seguridad Social, Asistencia, Infancia, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados el 29 de abril, donde se debatió su responsabilidad en el escándalo.
La magnitud del fraude
La investigación de la Policía Federal reveló que los descuentos no autorizados habrían afectado a una parte significativa de los aproximadamente 6.300 millones de reales (más de 1.100 millones de dólares) recaudados entre 2019 y 2024 a través de tarifas asociativas. Los auditores de la CGU y el INSS también identificaron inconsistencias en los registros desde 2023, lo que ha generado una serie de medidas correctivas.
Ante la magnitud del fraude, el INSS suspendió inmediatamente todos los descuentos de los acuerdos con las entidades involucradas. Además, la Procuraduría General de la República (PGR) ha creado un grupo especializado para recuperar los fondos desviados. Este grupo se reunió el pasado viernes, en un esfuerzo por obtener la compensación de las pérdidas. En su discurso nacional del Día del Trabajo, Lula prometió que los afectados por los descuentos ilegales serían indemnizados.
El nombramiento de Wolney Queiroz como nuevo ministro de Seguridad Social se formalizará a través de una publicación en una edición extra del Diario Oficial de la Unión (DOU). Queiroz, quien ya se desempeñaba como secretario ejecutivo del Ministerio, asumirá el cargo en un momento delicado para el gobierno de Lula. Las investigaciones sobre el escándalo continúan, y la presión sobre el Ejecutivo sigue creciendo, especialmente con las elecciones legislativas de 2026 en el horizonte.
Este escándalo es solo el último de una serie de crisis que sacudió al gobierno de Lula en los últimos meses. A pesar de su historial de políticas sociales populares, el presidente viene enfrentando críticas por la gestión de la economía y la inflación, factores que han afectado su imagen política. No obstante, la respuesta del gobierno a las irregularidades y las promesas de reparación de los daños a los afectados podrían ser cruciales para la estabilidad política de uno de los países más polarizados de la región.
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