Erfan Soltani, un joven iraní de 26 años, recibió una condena a muerte por su participación en las recientes manifestaciones contra el Gobierno. El joven cayó detenido el pasado jueves en la localidad de Fardis y, tras un juicio realizado el día 11, las autoridades fijaron su ejecución por ahorcamiento para este miércoles 14 de enero. Soltani se convirtió así en el primer manifestante de esta nueva ola de protestas sentenciado a la pena máxima.
El proceso judicial contra Soltani se caracterizó por una rapidez extrema y la falta absoluta de garantías. Según denunciaron organizaciones de derechos humanos, el joven no tuvo acceso a un abogado ni posibilidad de apelación. Incluso a su hermana, quien es abogada de profesión, se le prohibió en reiteradas ocasiones revisar el expediente y asumir su representación legal, lo que dejó al acusado en un estado de total indefensión ante el tribunal.

La familia de Soltani solo pudo verlo durante diez minutos el domingo pasado en una breve visita de despedida permitida por los guardias. Activistas como Ryma Sheermohammadi señalaron que este caso busca “personificar el terror estatal para desarticular los reclamos sociales”. Desde la Unión Nacional para la Democracia en Irán sostuvieron que la condena representa un intento deliberado del Gobierno de Alí Jamenei para silenciar a la sociedad civil mediante ejecuciones.
La escalada en Irán ya dejó un saldo de más de cientos de personas asesinadas y cerca de diez mil detenciones en diversas ciudades. Para dificultar la organización de las protestas y la difusión de información al exterior, se ordenaron cortes casi totales de internet y servicios de comunicación. Pese a estas medidas, las imágenes de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad trascendieron las fronteras y generaron un fuerte repudio internacional.
Por el hecho, diversos grupos de derechos humanos realizaron llamados urgentes a los organismos internacionales para que intervengan y frenen la sentencia de Soltani. Los activistas remarcaron que el único "crimen" del joven fue pedir libertad en las calles. Mientras tanto, el Gobierno mantuvo su postura inflexible y ratificó la fecha del ahorcamiento como una advertencia para el resto de los manifestantes.
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El origen del conflicto: crisis económica y reclamos de libertad
Las masivas protestas que sacuden a Irán estallaron a finales de diciembre de 2025, impulsadas inicialmente por una debacle financiera sin precedentes. La devaluación extrema de la moneda local y una inflación superior al 42% provocaron la escasez de productos básicos y el cierre de comercios en el Gran Bazar de Teherán. Lo que comenzó como un reclamo por el alto costo de vida se transformó rápidamente en un movimiento político.
El descontento se extendió a más de 100 ciudades en 27 provincias, donde las consignas económicas terminaron en gritos de "¡Muerte al dictador!". Los manifestantes señalaron directamente al ayatolá Alí Jamenei como el responsable del colapso del país y demandaron un cambio político. En algunas zonas, los grupos opositores reclamaron incluso la restauración de la monarquía.
Para sostenerse en el poder, el Gobierno de los ayatolás utilizó a sus fuerzas de choque para masacrar a los civiles en las calles. La actual ola de represión es una de las más violentas de la última década, con un uso desmedido de armas de fuego contra multitudes que incluyen a menores de edad. En este escenario de crisis total, la condena de Erfan Soltani marcó un nuevo precedente en el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política.
TC/ML