Jair Bolsonaro será investigado por una comisión parlamentaria a raíz del asalto a la sede del poder en Brasilia por parte de sus seguidores. Si bien el expresidente de Brasil intentó desligarse del asunto, el cuerpo legislativo buscará dictaminar su rol en la violenta y caótica jornada registrada el domingo que generó un repudio mundial.
El oficio quedará en primera instancia en manos del Congreso brasileño, donde varios de sus miembros se encuentran negociando para formar una comisión especial para evaluar el papel que el expresidente habría desempeñado en el fallido intento de golpe contra la sede de los tres poderes del estado brasileño que incluyen el palacio presidencial de Planalto y el Tribunal Federal Supremo.
En tanto, una de sus primeras medidas del comité será reclamar la vuelta del exmandatario, que fue internado en Estados Unidos, donde viajó junto a su familia el 1 de enero de 2023 para evitar el traspaso presidencial en favor de Lula da Silva rompiendo así con la tradición sostenida desde el regreso de la democracia en 1985.
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Una comisión investigará la colaboración de Bolsonaro en el asalto en Brasilia
Los legisladores de Brasil buscan crear una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) especial, al estilo de la estadounidense que investigó a Donald Trump luego del asalto al Capitolio en enero de 2021 por parte de sus seguidores.
Así lo confirmó el expresidente del Senado, Renan Calheiros. "Bolsonaro puede y va a ser convocado. Tiene que venir a responder por los crímenes que cometió. Además de esto, él ahora será investigado en primera instancia", confirmó el legislador a medios locales este lunes. Por su parte, Calheiros ya participó en la comisión especial encargada de investigar la gestión del gobierno de Bolsonaro durante la crisis del coronavirus que arrojó un saldo de casi 700 mil muertos.
En este caso, el legislador indicó que confía que "para principios de febrero puedan dar comienzo los trabajos de este nuevo comité parlamentario". De la gestión de la comisión forman parte no solo aliados del oficialismo sino también legisladores de la flamante oposición que solían ocupar las filas del bolsonarismo, como la excandidata a presidenta Soraya Thronicke.
Asimismo, el legislador anticipó que también investigarán el papel que jugaron otros miembros del estado, como las fuerzas de seguridad o el sector civil. "Tenemos la oportunidad de investigar todo, quiénes en las Fuerzas Armadas colaboró, qué empresarios financiaron estos actos, quién en la clase política ayudó", consignó.
Una de las medidas que ya fueron efectivizadas fue la expulsión de Ibaneis Rocha, un aliado de Bolsonaro, del cargo de gobernador de Brasilia. Ésta fue propiciada este lunes de manera momentánea por orden del juez supremo, Alexandre de Moraes, quien lo acusó junto al cesado responsable de Seguridad, Anderson Torres, de "omisión" y "connivencia" con los asaltantes.
La propuesta de la CPI de Thronicke, rival de Bolsonaro y Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre, fue respaldada por otros senadores como Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores (PT); Randolfe Rodrigues de Red; y Eliziane Gama, de Ciudadanía.
"Solo con Bolsonaro preso tendremos paz y democracia. Sin descanso hasta que esto no suceda. Me expresaré permanentemente en este sentido durante mi mandato. Desde ya me comprometo a solicitar una CPI sobre estos acontecimiento", escribió el dirigente del Partido de los Trabajadores, Rogério Correia, quien adelantó la creación de la comisión.
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Ante las acusaciones, Bolsonaro negó cualquier tipo de responsabilidad a pesar de las denuncias del oficialismo. El ministro de Justicia, Flávio Dino, recordó que el expresidente protagonizó una "transición conflictiva" al no reconocer los resultados de las elecciones y defender supuestas teorías de fraude sin pruebas.
El asalto en Brasilia
Miles de seguidores del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro tomaron las sedes del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo en Brasilia el pasado domingo, tras varios meses de movilizaciones y protestas violentas por su descontento con el triunfo en las urnas de Lula da Silva, en parte alentados por el propio Bolsonaro.
Como consecuencia Lula decretó la intervención federal de Brasilia para asumir las competencias de seguridad. En un comunicado conjunto, los tres poderes del Estado asaltados recalcaron su "unidad" para hacer frente a este tipo de ataques a los que han calificado de "terrorismo" y "golpismo".
CD'I CP
