El próximo domingo 26 de septiembre, los ciudadanos de Berlín deberán votar no sólo en las elecciones generales de las que saldrá el sucesor de Angela Merkel, sino que también un referéndum para determinar si las autoridades de la capital deben expropiar 240.000 viviendas para convertirlas en propiedad pública, en el marco de la crisis inmobiliaria.
En vista de las elecciones generales, donde se votará a los miembros del Bundestag (Parlamento), al próximo alcalde de Berlín y a los representantes de los 12 distritos de la capital alemana, se decidirá a su vez si el Gobierno deberá comprar esas viviendas a los grandes propietarios, en un país donde más de la mitad de la población vive de alquiler y en particular Berlín, donde el 80% de los ciudadanos alquila.
Cabe remarcar, que, en los últimos cinco años, la crisis inmobiliaria de Berlín se agudizó profundamente, en una de las ciudades que se consideraba como una de las más baratas para vivir. Los precios subieron un 43% y para los vecinos de ingresos medios y bajos se volvió cada vez más complejo alquilar en las zonas céntricas.
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Por su lado, los inquilinos culpan a las grandes inmobiliarias de lucrar con creces al incrementar los alquileres, comprar espacio para instalar sus sedes y reducir el mantenimiento de sus propiedades. Sin embargo, están quienes apoyan el referéndum y quienes consideran que una ley de esta naturaleza “sería objeto de varios recursos judiciales”.
Aquellos que quieren que el Senado de Berlín proponga una ley que permita la compra de lo que denominan empresas inmobiliarias "privadas" (que poseen más de 3.000 viviendas) sostienen que sería compatible con la Constitución alemana en virtud del artículo 15, que establece que "el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización".
Frente a ello, aseguran que las empresas serían indemnizadas a un precio "muy inferior al valor de mercado", según informó el medio local Deutsche Welle.
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Al contrario, algunos expertos legales opinan que, si el Senado de Berlín aprobara esta iniciativa, sería objeto de varios recursos judiciales. Jakob Hans Hien, abogado de Knauthe, una de las principales inmobiliarias de la capital, explicó que una ley de expropiación no sería aplicable en Berlín y afirmó que el objetivo de ir solo contra las empresas o particulares con 3.000 propiedades o más no tiene ninguna base jurídica.
Asimismo, señaló que "una indemnización 'muy por debajo del valor de mercado' sería inconstitucional", dado que "las empresas no solo se verían privadas de su propiedad, sino que también sufrirían un daño económico directo".
En tanto, el pasado miércoles, con el objetivo de intervenir en los precios del alquiler, Berlín compró a las principales inmobiliarias, Deutsche Wohnen y Vonovia, 14.750 viviendas y 450 locales por 2.500 millones de euros (casi 3.000 millones de dólares). Dichas propiedades serán distribuidas entre las compañías públicas de vivienda de la ciudad, junto con las otras 6.000 casas sociales que habían sido compradas en 2019 a la inmobiliaria Ado Properties.
En definitiva, esta votación traerá un acalorado debate político sobre la suba de los alquileres y un aumento de la tensión entre los partidos, dado que la propuesta divide a la coalición que gobierna la capital: el partido La Izquierda, de extrema izquierda, la apoya firmemente; los Verdes dieron señales contradictorias, mientras que el Partido Social Demócrata la rechaza, al igual que los principales partidos de la oposición.
CFT / ED
