La Policía de Bolivia detuvo al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, durante un operativo realizado el miércoles por la noche. Las actuaciones continuaron durante la madrugada del jueves y alcanzaron al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, además de otros funcionarios y efectivos policiales, en el marco de una investigación vinculada con presuntas redes de protección al narcotráfico.
Mariaca y Zeballos fueron interceptados en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando regresaban de la ciudad de Sucre. Del Castillo, quien estuvo al frente del Ministerio de Gobierno durante la gestión del expresidente Luis Arce, fue aprehendido posteriormente en La Paz, según reportes de medios bolivianos.
El operativo se extendió a distintas dependencias del Ministerio Público y tuvo repercusiones en varias ciudades del país. En Sucre, funcionarios de la Fiscalía denunciaron que efectivos policiales ingresaron a la sede de la institución y cuestionaron la legalidad del procedimiento. Las actuaciones generaron tensión dentro del organismo encargado de impulsar las investigaciones penales.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que se había desarticulado una presunta organización criminal que operaba dentro de la Justicia y del Ministerio Público. Según las declaraciones oficiales difundidas por medios locales, las autoridades investigan posibles mecanismos de protección a actividades vinculadas con el narcotráfico.
La situación de los funcionarios detenidos quedó bajo investigación, mientras se aguardaban precisiones sobre los cargos específicos y los elementos de prueba reunidos por las autoridades. Las acusaciones deberán ser examinadas dentro del proceso judicial correspondiente.
Las declaraciones de Sebastián Marset que impulsaron la investigación
Uno de los elementos centrales del caso es la difusión de un video y un audio atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Bolivia en marzo de 2026 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. En uno de los materiales audiovisuales, una voz atribuida a Marset menciona a Mariaca y afirma que mantenía una relación de amistad con el fiscal general. Las declaraciones también contienen referencias al funcionamiento de la Fiscalía y a supuestos vínculos con personas que ocupaban cargos públicos.
En otro audio, Marset se refiere al exministro Del Castillo y sostiene que habría pagado 500.000 dólares para poder permanecer en Bolivia y continuar con sus actividades. Según esa versión, el contacto con el entonces funcionario se habría realizado a través de un policía. Las declaraciones también involucran a otros integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de la difusión del material, las autoridades avanzaron con procedimientos que alcanzaron a funcionarios judiciales, exintegrantes del Gobierno y efectivos policiales.
Sin embargo, las afirmaciones atribuidas a Marset constituyen señalamientos que deben ser contrastados con otras pruebas. Por sí solas, no permiten establecer la responsabilidad penal de las personas mencionadas.
Estados Unidos había revocado las visas de Mariaca y Zeballos
Las detenciones se produjeron pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara restricciones de ingreso contra funcionarios y exfuncionarios de distintos países latinoamericanos por presuntos hechos de corrupción y acciones relacionadas con la protección de actividades ilícitas. Entre los alcanzados por las medidas figuraban Mariaca y Zeballos. En el caso del fiscal general boliviano, el Departamento de Estado estadounidense lo acusó de presuntamente solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades vinculadas con el narcotráfico y ayudar a personas acusadas de delitos violentos a eludir la Justicia.
Washington sostuvo que las conductas atribuidas a Mariaca perjudicaban los esfuerzos para combatir el narcoterrorismo y debilitaban las instituciones democráticas bolivianas. El funcionario rechazó las acusaciones y cuestionó la decisión estadounidense. También vinculó las medidas con las repercusiones de algunas investigaciones impulsadas por el Ministerio Público, entre ellas actuaciones que involucraban al consultor político argentino Fernando Cerimedo.
En el caso de Zeballos, Estados Unidos también dispuso restricciones migratorias, aunque la información difundida públicamente no detalló una acusación individual equivalente a la formulada contra Mariaca. El Gobierno boliviano había calificado de graves los señalamientos de Washington y solicitado información para conocer sus fundamentos y evaluar posibles investigaciones dentro del país.
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La intervención en la Fiscalía y la respuesta institucional
La detención del fiscal general provocó una reacción dentro del Ministerio Público. Desde la sede central de la institución, ubicada en Sucre, funcionarios denunciaron una intervención policial que consideraron irregular y reclamaron explicaciones sobre los motivos del procedimiento. Durante una transmisión difundida en redes sociales, integrantes de la Fiscalía afirmaron que efectivos con el rostro cubierto habían ingresado a las instalaciones. También cuestionaron que no se les hubiera informado adecuadamente sobre el fundamento legal de las actuaciones.
La institución denunció inicialmente que desconocía las razones de la aprehensión de Mariaca y calificó el procedimiento de ilegal. Esas expresiones correspondieron a funcionarios del Ministerio Público y no constituían una resolución judicial sobre la validez de las medidas. Tras conocerse la ausencia de Mariaca al frente de la institución, la Fiscalía informó que Luis Montaño Morales asumiría de manera interina, por ser el fiscal superior con mayor antigüedad, conforme al mecanismo anunciado por el organismo.
Quién es Roger Mariaca
Roger Mariaca fue elegido fiscal general del Estado boliviano en octubre de 2024 por la Asamblea Legislativa Plurinacional, para ejercer un mandato de seis años. Como titular del Ministerio Público, tenía a su cargo la conducción de la institución responsable de promover la acción penal pública y dirigir las investigaciones de delitos en el país.
Mariaca llegó al cargo durante la presidencia de Luis Arce, en un período en el que el Movimiento al Socialismo (MAS) tenía una presencia mayoritaria en el Legislativo. Su gestión quedó posteriormente atravesada por controversias relacionadas con distintas investigaciones penales y, más recientemente, por las acusaciones formuladas por Estados Unidos.
CS
