En julio de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri celebraba, encantado, la firma del Tratado del Mercosur con la Unión Europea (UE), justo al finalizar la cumbre del G20 en Osaka (Japón). Entonces, el entonces jefe de Estado, rodeado por los líderes europeos y acompañado por Jair Bolsonaro, declaró: “Para nosotros es un día histórico”. Después de aquél momento festivo siguió un proceso en que el pacto entró en stand by hasta el último sábado, 17 de enero en Asunción.
Este vez, la rúbrica se dio con la presencia de Javier Milei y los mandatarios de Paraguay y Uruguay más las autoridades europeas, pero con la ausencia de Lula da Silva que envió a su canciller. Todo pareció indicar que el proyecto había salido definitivamente del cajón para, presuntamente, convertirse en realidad.
Pero una decisión adoptada hoy por el Parlamento Europeo vuelve a colocar el acuerdo en el limbo: decidió no aprobarlo porque consideró que previamente es preciso que la Corte de Justicia de la UE realice una revisión exhaustiva de la letra del tratado. A esta altura, ya nadie duda que los eurodiputados prefirieron “atrasarlo” una vez más, con tal de no enfrentarse con las masas campesinas que resisten el convenio, por entender que la competencia de los futuros socios sudamericanos los puede destrozar.
Lo que la Justicia debe decidir parece bastante sencillo: deberá pronunciarse primero sobre si el pacto puede comenzar a ser aplicado antes de su ratificación del total de los 27 países miembros de la UE; y luego certificar que las cláusulas del tratado no restrinjan la capacidad de los europeo de definir políticas ambientales y de protección de los consumidores. No obstante, el plazo que le dieron a los magistrados para expedirse es demasiado largo: entre 12 y 24 meses.
Lo notable del caso, en la actualidad, es que el Mercosur se avino a concretar muy fuertes “concesiones” a la parte europea, que favorecen significativamente a su sector agropecuario.
Se trata de las salvaguardias que establecen un mecanismo de “rebalanceo” para corregir desequilibrios generados por la competencia, especialmente de Brasil y Argentina. Permite que una de las partes, por ejemplo, en este caso un país europeo, adopte “medidas correctivas” por cuenta propia —con aumento de aranceles, de cupos de importación y de compensaciones a sus productores—si juzga que los miembros sudamericanos han provocado una distorsión de la competencia.
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Lo que en verdad resulta sorprendente es cierto nivel “omisión” de una franja parlamentaria europea frente a la delicada situación internacional de su propio bloque. Basta recordar el trato humillante que se ha esmerado en destinarle el jefe de la Casa Blanca Donald Trump; especialmente con la decisión norteamericana de comprar o, simplemente, agenciarse a Groenlandia, un territorio que aún se encuentra dentro de Dinamarca.
La Comisión Europea, presidida por el ex premier portugués Antonio Costa, se apresuró a reprochar públicamente la actitud de sus parlamentarios. “Lamentamos lo ocurrido”, señaló su portavoz Olof Gill, para quién “las cuestiones levantadas por la moción del Parlamento no se justifican. Nosotros ya abordamos esos temas de forma detallada”.
Quién también usó la palabra “lamentable” fue el primer ministro alemán, Friedrich Merz. Para él, “el Parlamento falló en reconocer la situación geopolítica” precisó. Y luego exclamó: “Basta de atrasos”. Para Alemania, el área de libre comercio a ser integrada con el Mercosur no sólo fortalecerá la presencia de una Europa que podría erigirse como un nuevo polo de la multilateralidad global; también significará una chance de aumentar fuerte sus exportaciones industriales. No deja de ser curiosa la resistencia de Francia, que se ha mantenido a lo largo de los 25 años de negociaciones: “El Parlamento se manifestó de acuerdo con nuestra posición. Estamos dispuestos a decir no cuando fuera necesario” declaró el canciller Jean Noel Barrot.
Se podría decir que aún resuenan las palabras dichas por Lula da Silva en diciembre último: “O el tratado se firma ahora, o deja de existir”.
DCQ
