El Congreso de Brasil aprobó este martes 10 de enero la intervención federal de las fuerzas de seguridad de Brasilia decretada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras el asalto a la sede de la Presidencia el pasado domingo.
En tanto, la justicia ordenó la detención de Anderson Torres, el entonces responsable de la policía militar del Distrito Federal (DF) y secretario de Seguridad, mientras que el Ministerio Público pidió el bloqueo de bienes del exmandatario Jair Bolsonaro y otros exfuncionarios.
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Un día después del aval dado por la Cámara de Diputados – y con ocho votos en contra de los legisladores que responden a Bolsonaro–el Senado de Brasil aprobó el decreto de intervención de Lula, que estará vigente hasta fines de enero.
Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita la aprobación de las dos cámaras del Congreso.
Las únicas dos bancadas de Diputados que se abstuvieron de votar fueron las del Partido Liberal (PL), la formación de Bolsonaro, y los liberales de Partido Novo.
"Esa minoría antidemocrática no representa al pueblo brasileño. Esa minoría golpista no impondrá su voluntad por medio de la barbarie, de la fuerza y de los actos criminales", dijo el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, informó Europa Press.
Pedido de bloqueo a los bienes de Bolsonaro y otros funcionarios
El Ministerio Público de Brasil, por su parte, pidió este martes al Tribunal de Cuentas (TCU) que bloquee los activos del ex presidente Jair Bolsonaro, así como del suspendido gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y del exsecretario de Seguridad del DF Anderson Torres, detalló el sitio de noticias G1.
El objetivo de la solicitud es garantizar los recursos para el caso de que los funcionarios sean condenados a pagar una indemnización.
Liberaron a casi 600 personas que estaban detenidas tras los incidentes
La policía brasileña liberó este martes "por cuestiones humanitarias" a casi 600 personas detenidas tras el asalto a sedes oficiales el domingo en Brasilia, con el que esperaban provocar la caída del flamante presidente Lula da Silva.
"Fueron liberados 599 detenidos, por lo general ancianos, personas con problemas de salud, en situación de calle y madres acompañadas de niños", indicó la Policía Federal en un comunicado.
Las autoridades detuvieron a más de 1.500 personas tras las invasiones a los edificios de la Presidencia, la Corte Suprema y el Congreso, protagonizadas por seguidores del expresidente de ultraderecha.
Los simpatizantes del exmandatario, hospitalizado en Estados Unidos desde el domingo por un problema abdominal, buscaban precipitar una salida de Lula, que asumió el poder el 1 de enero por tercera vez.
Las liberaciones ocurrieron casi en simultáneo con el anuncio del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de que las instituciones brasileñas lucharán "con firmeza contra el terrorismo".
"La prisión no será un campamento de verano", advirtió en una ceremonia en Brasilia.
