En un intento desesperado por apaciguar el estallido social que mantiene en vilo a su Gobierno, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes la decisión de reducir a la mitad su propio sueldo y el de todos sus ministros.
La drástica medida económica busca contener un conflicto que ya lleva 20 días y se traduce en marchas diarias y un medio centenar de bloqueos de rutas que mantienen cercada a La Paz y provocan un severo desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gasolina en localidades clave como El Alto, Oruro (en la zona oeste del país) y Cochabamba (centro).
Bolivia: la alianza entre Evo Morales y el actual vicepresidente que pide la renuncia del presidente
El mandatario centroderechista y economista de 58 años, enfrenta la peor crisis de su corta gestión de apenas seis meses, iniciada en noviembre pasado tras vencer en segunda vuelta a Jorge "Tuto" Quiroga. Con la promesa de cortar 20 años de políticas izquierdistas de sus antecesores Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2022-2025), Paz marcó distancia de los gremios y se acercó a Estados Unidos, a empresarios y a organismos financieros internacionales.
"Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario un 50%", manifestó Paz durante un acto cívico en la ciudad de Sucre (sureste). De este modo, el sueldo del gobernante —fijado en unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares) según un decreto de 2024 que no había sido modificado— se reducirá sustancialmente en medio de una tormenta perfecta de reclamos salariales, una inflación interanual cercana al 15% y el rechazo generalizado a sus medidas de austeridad.
Qué hay detrás de la convulsión social en el país del altiplano
Entre el fantasma de la militarización y el factor Evo Morales
De cara al futuro inmediato, Rodrigo Paz oscila entre resistir cediendo a presiones sociales —lo que ya costó la renuncia de su ministro de Trabajo— o endurecer su posición; aunque declaró al canal TN que extremará esfuerzos para el diálogo, advirtió que "todo tiene un límite" y que tomará "las decisiones que haya que tomar" sobre un eventual estado de sitio, una postura reforzada tras el fracaso del operativo de seguridad del sábado que derivó en disturbios y dejó una ruta clave bloqueada.
La posibilidad de una salida de fuerza ganó peso institucional el domingo, cuando el Senado aprobó sorpresivamente un proyecto de ley que deroga la normativa de 2020 que regulaba los estados de excepción (plazos, causales, rendición de cuentas y responsabilidades penales); de avanzar en Diputados, el presidente podrá decretar el estado de sitio de forma unilateral sin el aval de un Congreso adverso que hoy podría debilitarlo.
Mientras el expresidente Evo Morales instó al mandatario Rodrigo Paz a convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. Desde su programa radial en Kawsachun Coca, Morales —quien se encuentra prófugo por un presunto caso de trata de una menor— aseguró que el Ejecutivo debe elegir entre esa transición hacia los comicios o tomar la "decisión suicida" de militarizar el conflicto.
Rodrigo Paz no logra frenar la ola de protestas que sacuden Bolivia
Las razones detrás del estallido: economía estructural, herencia y desatención gremial
La actual parálisis civil, alentada por campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB), seguidores del expresidente Evo Morales, transportistas, maestros, mineros, obreros de fábricas y organizaciones indígenas, expone un deterioro estructural que Bolivia arrastra desde hace años, caracterizado por la caída de reservas internacionales, la menor producción de gas natural y una escasez de divisas que provocó la falta de combustibles mucho antes de las protestas de principios de mayo.
A este panorama se suma la inestabilidad política interna: la guerra fraccional del Movimiento al Socialismo (MAS) y su consecuente fracaso electoral dejaron huérfanos de representación a múltiples sindicatos y movimientos populares.
Según analizó para CNN el sociólogo y especialista en políticas públicas Franco Gamboa, las demandas económicas y políticas van de la mano en un contexto donde el mandatario no logró consolidar una coalición en el Poder Legislativo —donde su bancada es minoría— y desatendió una regla informal clave en el país: la cooptación de dirigentes, cortando espacios por falta de financiamiento y excluyendo sectores.
Expertos coinciden en que el primer semestre de Paz muestra un balance negativo debido a marchas y contramarchas normativas que denotan una "falta de cintura". El Ejecutivo eliminó recientemente la ley 1720 de reconversión de tierras tras el asedio popular y abrogó en enero un decreto económico parcialmente rechazado por la COB.
En tanto, la comparación histórica con el estallido social de 2003, que forzó la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada antes del ascenso hegemónico del MAS, sobrevuela el conflicto.
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