Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, México, fue acusado de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, junto a otros nueve funcionarios activos y retirados. La denuncia se hizo pública este miércoles 29, en Nueva York, y en ella se lo señala de haber colaborado en el envío masivo de estupefacientes a Estados Unidos.
Las autoridades federales fueron las encargadas de dar a conocer los cargos, en un comunicado de prensa. Ninguno de los acusados se encontraba detenido. Según el documento judicial, los implicados habrían ayudado al Cártel de Sinaloa a transportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.
Entre los funcionarios señalados están también el senador por Morena, Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.
Los funcionarios gubernamentales del estado norteño de México habrían tenido un papel fundamental en el acuerdo. El fiscal federal Jay Clayton dijo que el cártel y otras organizaciones de narcotráfico “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos”.
Además, lo calificó como “una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.
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Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunciaron que recibieron solicitudes de extradición de diversas personas de parte de Estados Unidos, pero no dieron más detalles.
La respuesta de México
La Cancillería mexicana se mostró sorprendida por la acusación pública contra estos funcionarios y anunció que enviará un reclamo diplomático a Washington.
Los tratados vigentes entre los dos países “establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer”, dijo. Además, remitió la documentación a la Fiscalía General de la República para que analice los pedidos.
Asimismo, en el comunicado hizo referencia a que la documentación recibida desde la embajada de Estados Unidos, revisada por la Cancillería, “no cuenta con elementos de prueba” para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición.
Por su parte, el gobernador negó categóricamente las imputaciones en su contra y expresó, en su cuenta de X, que “carecen de veracidad y fundamento alguno”, “así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, agregó.
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Rocha Moya sostuvo que el ataque es contra el movimiento político oficialista y sus liderazgos y se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México. Durante su gestión, que comenzó en 2021, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.
Vínculos con los “Chapitos”
La fiscalía de Nueva York señala que la facción de los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, conocida como “Los Chapitos”, ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación.
“A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los Chapitos, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice el documento.
El Chapo purga una condena perpetua en Estados Unidos. Dos de sus hijos, exlíderes de los Chapitos, también se encuentran presos en ese país.
Rubén Rocha Moya, de 76 años, fue antes diputado local y senador por Sinaloa. Su gestión ha estado marcada por la violencia entre dos facciones del cártel, los Chapitos y los herederos del otro cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, detenido en julio de 2024 y preso en Estados Unidos. El enfrentamiento entre ambos grupos ha dejado centenares de muertos y desaparecidos en el estado.
Los presuntos nexos del gobernador de Sinaloa con el crimen organizado salieron a la luz en una carta del “Mayo” Zambada, en la que afirmaba que fue llevado engañado a Estados Unidos cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya. En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener “toda la confianza” en el gobernador.
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El Cártel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el presidente estadounidense Donald Trump.
Presión desde EE.UU.
El gobierno de Trump presiona a México para detener el tráfico de drogas hacia su territorio, en particular del fentanilo, y amenaza con imponer aranceles como castigo o con utilizar sus tropas para perseguir narcos en el país.
En respuesta, la administración de Sheinbaum ha aumentado las incautaciones y acelerado acciones contra capos de la droga, entre ellos Nemesio Oseguera “El Mencho”, quien murió en febrero tras su captura en un operativo militar.
La prensa mexicana señala, sin embargo, que en Washington existe malestar por presuntos vínculos de políticos mexicanos, principalmente de Morena, con el crimen organizado. Estados Unidos canceló la visa a varios políticos mexicanos, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, hizo una fuerte crítica contra la corrupción en el país al inaugurar la semana pasada las obras de una planta de metanol en Sinaloa. “Es un obstáculo directo para el crecimiento, las condiciones justas, las oportunidades y el éxito a largo plazo”, dijo en un discurso.
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