En un aviso sorpresa publicado en la mañana del 18 de Marzo en el Registro Federal de EE.UU se comunicó que el gobierno decidió ampliar a 50 países el programa que exige a determinados solicitantes de visas de turismo y negocios el pago de una fianza de entre US$5.000 y US$15.000 como condición para tramitar el ingreso al país.
La medida, que hasta ahora funcionaba como un esquema acotado, suma nuevas naciones, principalmente de África, Asia y América Latina, y marca un cambio de escala en su aplicación. De instrumento piloto pasa a convertirse en un mecanismo más extendido dentro del sistema migratorio.
El monto de la fianza no es uniforme: queda sujeto a la evaluación de los funcionarios consulares, que determinan el valor según el perfil del solicitante y el riesgo de permanencia irregular. El depósito se reintegra si se cumplen las condiciones de la visa, pero puede ser retenido en caso de incumplimiento.
El objetivo oficial es reducir el número de personas que ingresan legalmente y permanecen más allá del plazo permitido. En ese esquema, la ampliación del listado de países redefine el alcance del control, al incorporar a nuevos perfiles bajo este criterio.
La extensión a 50 países introduce además un cambio operativo: la exigencia económica deja de estar circunscripta a casos específicos y pasa a aplicarse sobre un universo más amplio de solicitantes, sin que el pago implique la aprobación automática del visado.
Según las autoridades, el objetivo es reducir el fenómeno del overstay, es decir, los casos de personas que ingresan legalmente pero permanecen en territorio estadounidense más allá del tiempo permitido. La fianza funciona como garantía: se devuelve si el viajero cumple con las condiciones de su visa, pero puede ser retenida para cubrir costos de deportación si no lo hace.
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En paralelo, la medida se inscribe en una política migratoria más restrictiva que viene sumando nuevas condiciones, aranceles y mecanismos de control en los procesos de ingreso a Estados Unidos.
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