El expresidente de Bolivia Evo Morales destapó un escándalo de narcotráfico y corrupción policial que golpea incluso al gobierno de su heredero político, el presidente Luis Arce.
Evo Morales, derrocado en noviembre de 2019, denunció el supuesto encubrimiento policial a las redes de tráfico de drogas salpicando no solo a los jefes de las fuerzas antinarcóticos de su país, sino también al funcionario encargado de la lucha contra el narco.
"La denuncia de presunta protección al narcotráfico desde la FELCN [Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico] debe investigarse(…). No tenemos ningún miedo", escribió Morales en su cuenta de Twitter.
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En la misma declaración, el expresidente Morales pidió "que las investigaciones avancen sin temor a los agentes del golpismo entrenados por EEUU".
El expresidente agregó que "en menos de 24 horas de comprobó la veracidad de denuncia" de encubrimiento político de los narcotraficantes.
La denuncia de Morales involucró hasta el momento al viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, al director de la FELCN, José María Velasco, al jefe de la unidad de patrullaje antidrogas, Franco Arancibia, según informó el diario boliviano La Razón.
Morales apuntó especialmente a Velasco, a quien definió como "uno de los principales actores en el encubrimiento al narcotráfico en Valle Sajta". Lo acusó, además, de tener un plan para "responsabilizarnos a mí y a dirigentes del Trópico".
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"Hemos recibido denuncias de personal policial subalterno que advierten de un plan de espionaje y seguimiento para sembrar pruebas en nuestra contra. No tenemos ningún miedo. Pedimos que las investigaciones avancen sin temor a los agentes del golpismo entrenados por EEUU", retrucó Morales.
El jefe de la FECLN rechazó la denuncia del expresidente y lideró posteriormente una operación en Chapare para destruir las cuatro fábricas de droga, cada una con capacidad de 200 kilos mensuales, encontradas en el lugar señalado por Evo Morales.
Tras el operativo, un exjefe de patrullaje antidrogas, Erick Terán, denunció ante la Justicia boliviana al comandante Velasco y al viceministro Mamani, acusándolos de encubrir a los dueños de las ya desmanteladas fábricas de cocaína (asegura que son colombianos).
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El escándalo se desató el 4 de abril, cuando Morales denunció "presunta protección al narcotráfico" y presentó ante la justicia la grabación de una llamada telefónica en la cual un supuesto jefe policial instruía a uniformados que abandonen una región de Chapare donde habían descubierto cuatro fábricas de cocaína.
"Por responsabilidad, con dignidad y honestidad, informamos al pueblo boliviano que hoy hemos denunciado la existencia de grabaciones de conversaciones entre policías antidroga que presuntamente revelan actos de protección al narcotráfico. Pedimos una investigación urgente", dijo Morales ese día en Twitter.
"Acudiremos a las instancias legales, administrativas y políticas para que esta grave denuncia sea esclarecida hasta imponer sanciones con todo el peso de la ley. No es posible que algunos malos funcionarios llamados a luchar contra el narcotráfico se conviertan en sus cómplices", agregó, diciendo que algunos policías respaldaron su denuncia.
Este 6 de abril, Morales informó que "en menos de 24 horas, se comprobó la veracidad de nuestra denuncia". "La verdad ha sido y es nuestro escudo ante tantos ataques, amenazas y conspiraciones. La denuncia de presunta protección al narcotráfico desde la FELCN debe investigarse", reclamó.
ds
