La era de la vacunación universal en Estados Unidos sufrió un quiebre definitivo. En un giro drástico impulsado por el Departamento de Salud bajo la conducción de Robert F. Kennedy Jr., el gobierno federal reformó el calendario pediátrico y retiró la recomendación estándar para seis vacunas clave, incluidas la de la influenza y el rotavirus. La medida, celebrada por el presidente Donald Trump como una victoria del "sentido común", reemplaza décadas de estrategia de prevención colectiva por un modelo basado en el riesgo individual, desmantelando el escudo sanitario que protegía a la población infantil general.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) formalizaron el recorte: a partir de ahora, las dosis contra la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica ya no serán rutina para todos los niños, sino que quedarán reservadas para pacientes de "alto riesgo" o bajo prescripción médica específica. Esta reducción, que baja el número de inmunizaciones recomendadas de 17 a 11, sigue la misma línea restrictiva aplicada recientemente a las vacunas contra el Covid-19 y responde a una directiva de la Casa Blanca de alinear el sistema estadounidense con calendarios más flexibles, como el de Dinamarca.

Kennedy Jr., histórico crítico de la industria farmacéutica y escéptico de las vacunas, justificó la medida como un esfuerzo por "restaurar la confianza" mediante la transparencia y el "consenso internacional". "Esta decisión protege a los niños y respeta a las familias", aseguró el funcionario. El respaldo político fue inmediato: Trump utilizó su red TruthSocial para felicitar a las "MAHA Moms" (Madres contra los Mandatos de Salud), asegurando que ellas habían estado "rezando durante años" por estas reformas.
La reacción de la comunidad científica fue de alarma absoluta ante lo que consideran un desguace sin sustento. Sean O'Leary, de la Academia Estadounidense de Pediatría, advirtió que el gobierno está descartando "una de las herramientas más investigadas" para evitar muertes. Para los expertos, importar modelos europeos sin contexto es un error grave: "No se puede simplemente copiar y pegar la salud pública", sentenció O'Leary, subrayando que ignorar las diferencias en los niveles de enfermedad y las disparidades del sistema sanitario de Estados Unidos pone "literalmente la vida de los niños en juego".
Aunque funcionarios federales como Mehmet Oz prometieron que la cobertura de seguros se mantendrá intacta y que "ninguna familia perderá el acceso", los médicos temen que sacar la etiqueta de "recomendada" genere desconfianza y desorden. Advierten que la medida va a sembrar confusión entre padres y puede desincentivar la vacunación, incluso si sigue siendo gratuita.
Una medida que no resulta gratuita: “Habrá muertes evitables”
El costo sanitario de este cambio de paradigma podría medirse en un aumento de hospitalizaciones prevenibles. Michael Osterholm, del Vaccine Integrity Project, fue categórico al señalar a la prensa que abandonar las guías universales para la gripe, el rotavirus y modificar el enfoque sobre el VPH sin un proceso riguroso de riesgo-beneficio "provocará muertes evitables". La preocupación central radica en la pérdida de la “inmunidad de rebaño”: al tratar estas patologías como riesgos individuales y no como amenazas colectivas, se debilita la barrera que históricamente impidió brotes masivos en escuelas y comunidades.
Al poner a Kennedy (quien es un confeso antivacunas) al frente del Departamento de Salud, el gobierno señaló el fin del modelo "paternalista" de protección estatal en favor de una "libertad de elección". La modificación del calendario representa la primera gran victoria de esta ala ideológica sobre la estructura de los CDC.
El cambio aumenta el clima de desconfianza heredado de la pandemia, dejando a los pediatras en la incómoda posición de contradecir las nuevas guías oficiales para poder proteger a sus pacientes. "Lamentablemente, ya no se puede confiar en nuestro gobierno federal para proporcionar recomendaciones", concluyó O'Leary, anticipando un escenario donde la salud pública dependerá más del criterio de cada médico que de una estrategia nacional unificada.
TC CP