La ONU impulsa el derecho humano al medio ambiente “sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”, en armonía con la biodiversidad y los ecosistemas; y “el derecho a la protesta” caso por caso para paliar su degradación, al parecer irreversible.
La nueva mandataria de Honduras, Xiomara Castro, enfrenta reclamos por la criminalización del defensor de la ecología, Fabio Almendarez, en su “labor de defensa de la tierra y territorio y la resistencia comunitaria de los pescadores de Amapala, en el departamento de Valle”, sabiendo que la responsabilidad de Honduras es relevante tras su nombramiento por la Asamblea General de la ONU como integrante del Consejo de Derechos Humanos, referente internacional en la materia.
El “Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” (GTDA), compuesto por cinco expertos independientes ungidos por el citado Consejo, (uno por cada región del mundo en que se divide la ONU), observan “la posible utilización indebida del derecho penal contra Almendarez, en el contexto de reformas al Código Penal aprobadas en 7 de octubre de 2021”, a quien le reprochan “su labor de defensa de la tierra y la resistencia comunitaria de los pescadores en Amapala”.
Preocupa en Ginebra, sede del GTDA, “la modalidad expedita” del suceso, con “intención de aplicar la figura de desalojo preventivo sin un procedimiento contradictorio”, recordando que un sumario judicial al respecto fue sobreseído en 2009, sin embargo reabierto en 2016, condenando a Almendarez al temible desalojo, aunque entonces no se llevara a cabo. Empero, la misma acusación volvió a presentarse en 2021, siendo no solamente aplicada, sino también reforzada.
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El GTDA valora que la medida incrementa “la situación de criminalización de personas defensoras de la tierra y territorio”, en virtud que se la tramita de forma agravada y además “expedita, al habilitar la conversión de una acción penal pública -en la que está prevista la intervención del Ministerio Público- a una acción privada, en la cual unicamente comparece la parte afectada (la “Sociedad Mercantil Inversiones Kielsa”), sin participación de la fiscalía en el procedimiento.
Los expertos condenan la persecución contra defensores del medio ambiente, incluyendo “a la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), de la cual Fabio Almendarez es miembro, e invitan a las autoridades de Honduras a revisar de forma “amplia y participativa” las reformas del Código Penal, subrayando “que reducen significativamente el espacio cívico y habilitan los desalojos preventivos e inmediatos sin control judicial”.
Al respecto, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet en Honduras, viene alertando sobre estos desafíos, para “garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, debido a la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra”, su propiedad, uso y disfrute, dada “la superposición de títulos privados sobre títulos ancestrales, y la limitada capacidad” de los órganos estatales para solucionar litigios relacionados con las “comunidades indígenas y campesinas”.
Dicha Oficina, citó los ejemplos de las “comunidades campesinas, indígenas, y afrohondureñas de Bajo Aguán, Guaimaca y Tierras del Padre, donde se produjeron desalojos o se amenazó con ejecutarlos sin garantizar un plan de reubicación ni la indemnización correspondiente”. Algunos se realizaron “en plena emergencia humanitaria, haciendo uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, engendrando “conflictividad agraria”.
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Al tiempo, “los pueblos indígenas han manifestado preocupación”, ante “la afectación de recursos hídricos por actividad empresarial o de actores privados, particularmente en la comunidad de Reitoca y en la Biósfera del río Plátano, donde el impacto negativo en el acceso al agua y otros recursos naturales ha generado desplazamientos internos”, mientras “la contaminación del rio Motagua continua afectando los medios de vida”, provocando éxodo, “de campesinos y garífunas de Cortés”.
Efectivos de la ONU realizaron una misión de seguimiento en el terreno “de las comunidades afectadas por la minería en La Unión, Copán”. Descubrieron “conflictividad y ruptura del tejido social, desplazamiento de comunidades, criminalización de defensores, limitación a su libre tránsito por la carretera controlada por la empresa, y un proceso de exhumación de cadáveres en el cementerio de Azacualpa”, pese a la “paralización” de tales actividades decretada por la Justicia.
A su vez les preocupó “la situación de temor y riesgo expresada por personas” entrevistadas en la zona, “vecinas a la explotación, quienes se oponen pacíficamente a las exhumaciones en el cementerio de Azacualpa y a los efectos de la explotación minera a cielo abierto que podría haber incluido la desaparición de 14 fuentes de agua y contaminación del Rio Lara por descargas de desechos de la actividad minera”.
Los enviados de la ONU recomiendan a Honduras “garantizar los derechos a la salud, educación, medio ambiente saludable, libre tránsito por una vía pública y brindar la debida protección de las organizaciones y representantes legales que acompañan” a estas poblaciones, y aconsejan “emprender un modelo de desarrollo económico equitativo, inclusivo y sostenible que reduzca la pobreza y contribuya a la mejora de condiciones de vida de todas las personas”.
cdi cp
