Antes del cierre los comicios en Brasil, el Partido de los Trabajadores (PT), del candidato Lula da Silva, denunció irregularidades en el desarrollo de la votación, ya que se establecieron puestos de control policiales en las carreteras que provocaron largas demoras. De esta manera, los votantes sufrieron algunas complicaciones para participar del balotaje.
El PT solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) la detención del jefe de la Policía Federal de Carreteras (PRF), Silvinei Vasques, por “desobedecer la orden judicial que prohibía los operativos durante el día de la votación”.
En ese sentido, la petición fue acompañada de “pruebas de que la PRF estaba usando la fuera policial de manera irregular para avergonzar a los votantes de Lula”. La solicitud se basa también en que el titular del organismo aseguró públicamente que apoyaría al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
En paralelo, dirigentes del PT divulgaron en sus redes sociales imágenes de los autobuses con los votantes arados, particularmente en áreas rurales del norte del país, una zona electoral cercana a la izquierda.
De acuerdo con la información del diario Folha de Sao Paulo, se instalaron más de 500 retenes destinados a controlar autobuses, es decir un 70% más de los controles que se establecieron en primera vuelta. Al respecto, los observadores internacionales manifestaron su "gran preocupación" por las denuncias de "intimidaciones" a los votantes del Partido de los Trabajadores en estas elecciones.
“Inadmisible lo que está sucediendo en el noreste”, escribió Lula en su canal de Telegram al compartir un mensaje de la presidenta del PT, Gleisi Hoggmann, en el que exigía la detención de Vasques.
La decisión del Tribunal Electoral
Luego de la denuncia del PT, la Justicia electoral brasileña exigió a la policía de carreteras que interrumpa las operaciones que provocaron los atascos de tráfico y demoraron a los votantes. Sin embargo, esta decisión se tomó cerca del horario de cierre de los comicios.
De igual forma, el presidente del TSE, Alexandre de Moraes, aclaró que las operaciones de la PRF abordaban a los vehículos para verificar el cumplimiento con el código de tránsito. Pese a que reconoció que “atrasó la llegada de los votantes”, garantizó que, “en ningún caso, impidió que lleguen a votar”.
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“El perjuicio que causó eventualmente fue el atraso. Ningún ómnibus volvió para su punto de partida. No hubo ningún perjuicio al derecho de voto”, concluyó Moraes y no se expresó sobre la petición de detención del titular de la PRF.
RdC
