Cuatro expertos de la ONU en materia de desapariciones forzadas, investigaron en México el problema cien mil desapariciones forzadas que siguen aumentando. No se rindieron ante el drama y formularon propuestas para superar la “impunidad”.
El Comité sobre la Desaparición Forzada de la ONU, compuesto por 10 expertos independientes, mandatados por los 67 países que han ratificado la Convención internacional en la materia, envió una delegación de cuatro de ellos en visita a México en 2021. El informe presentado en Ginebra recoge la información oficial de casi cien mil desapariciones de carácter forzada, y una “aquiescencia” que las autoridades no asumen. La lucha contra la impunidad es “impostergable”.
Entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, la peruana Carmen Rosa Villa Quintana, el argentino Horacio Ravenna, el español Juan José Lopez y el ecuatoriano Juan Pablo Albán escucharon testimonios de familiares de las víctimas de 31 de las 32 “entidades federativas” de México. También observaron una falta de coordinación, “duplicaciones y desigualdades” entre los diferentes actores estatales que deben erradicar las desapariciones forzadas.
La ONU creó un Grupo de "expertos en derechos humanos" para investigar a Nicaragua
Constataron paralelamente que “las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal”. Afectan “mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años”, agravadas por la “sustracción” de menores “dentro y fuera” del circulo “familiar”. Suelen “ocultar la violencia sexual y feminicidio”, incluso el “reclutamiento”, las “represalias”, encubriendo de igual manera “la trata y la explotación sexual”.
Al propio tiempo el Comité resaltó “con preocupación” la desaparición “de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021”. Sobresale que “ninguno de ellos ha sido localizado y las investigaciones y sanciones a los responsables no han tenido avances”. Semejantes hechos constituyen “una seria amenaza para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada”, desapariciones por otra parte confirmadas en “centros penitenciarios” y “estaciones migratorias”.
Las mujeres, particularmente involucradas en rastrear a “sus seres queridos” desparecidos, son blanco de “violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias”. Del mismo modo el acoso aflige a “las comunidades indígenas”. Ocurren en el marco de “conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética o tras el despojo o acaparamiento de tierras para explotación económica”, desapariciones ejecutadas “por grupos del crimen organizado u otros actores privados”, con “aquiescencia de servidores públicos”.
Expertos de ONU advierten del costo humanitario por sanciones en la guerra en Ucrania
A las desapariciones forzadas de indígenas se suman las “de personas LGBTIQ+” perpetradas por fuerzas de seguridad o por la delincuencia organizada con distintos niveles de connivencia de las autoridades” a veces con fines de “limpieza social”, o de “explotación sexual”, frecuentemente tras el internamiento en los llamados “centros de terapias de reconversión”. Se añade el aumento inquietante de desapariciones “a la altura del kilometro 26 de la carretera 85 de Monterey a Nueva Laredo, de choferes “de vehículos pesados y sus acompañantes”, 206 de 2010 a 2021.
Para peor, según datos proporcionados por el poder público a la delegación de la ONU “solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%” han sido judicializados”, habiéndose emitido escasas “36 sentencias”, lo cual contribuye “a la notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez”, redunda “en un alto número de casos no reportados o denunciados”, ahondando “la impunidad casi absoluta” y la “revictimización”.
A todo esto se agrega una “crisis forense”, con más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, que “yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense”, no incluyendo “los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas”, sabiendo de la participación de miembros de la delegación que acompañaron “exhumaciones y jornadas de búsquedas”, durante la visita.
Bregando para que las desapariciones forzadas dejen de ser “el paradigma del crimen perfecto”, los emisarios por la ONU reclamaron que “la prevención debe ser el centro de la política nacional”, en “una perspectiva de corto, mediano y largo plazo”, para identificar las causas estructurales que subyacen “tanto para los casos que se iniciaron en el pasado”, entre 1965 y 1990, como para los acontecidos “ recientemente” (112 durante los 11 días que duró la misión de los expertos, con un total de 95.121 registrados).
La ONU reprueba evadir, evitar o ignorar las desapariciones forzadas. Plantea “como ejes transversales los estándares de debida diligencia, el enfoque diferencial y de derechos humanos”. Pide una “política nacional integral” que atienda y combata “las causas”, y apunte “a su no repetición”, mediante “acciones concretas e indicadores mensurables que permitan evaluar su cumplimiento y resultados”, con un “monitoreo transparente e independiente que asegure la rendición de cuentas”.
Sugiere que esa “política de Estado” no se limite “a la prevención operativa, destinada únicamente a evitar amenazas concretas de las desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos, o tan solo a reducir las desapariciones en curso”, sino a “impedir las violaciones sistémicas y combatir la impunidad”, aguardando un pronunciamiento del Estado “en un plazo de 4 meses” con “las observaciones que considere oportunas”, motivadas por el diagnostico de la ONU.
Escándalo en Honduras por ecologistas presos cuya liberación reclamaba la ONU
El Comité exhortó a una política nacional que involucre “a todas las autoridades federales, estatales, municipales, así como a los órganos autónomos de México y a amplios sectores de la sociedad, incluyendo las víctimas y colectivos de víctimas y sus representantes”, cuya implementación debería contar “con la firme voluntad política y de compromiso efectivo de todas las autoridades del Estado”, en el contexto que ciertas voces de la población exigen no ser dóciles con el Estado. Decepcionadas proponen elevar el cuadro de situación al Secretario General de la ONU.
Ciertas oenegés manifestaron que el problema de la impunidad resulta “estructural” y “favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas", reiterando que constituyen “el paradigma del crimen perfecto”. Conminaron al “procesamiento de todos los responsables de la cadena de mandos”, contaminados además por la “corrupción”, una “constante en los últimos 15 años”, como lo afirmó desde México Michael W. Chamberlin, colaborador de “Solidaria”.
Destapó a su vez “la existencia de diversos patrones en distintas regiones del país que operan de manera simultanea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado, convirtiendo las desapariciones no solo en generalizadas sino sistemáticas”. Instó al Comité dirigirse a la Asamblea General de la ONU e instaurar una “Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Graves Violaciones de los Derechos Humanos”, como lo autoriza el artículo 34 de la Convención.
En enero del 2022, fueron asesinados 12 periodistas en el mundo
Para José Antonio Guevara, del Centro de Investigación de Crímenes Atroces, asimismo desde México, sostuvo que “el Gobierno Federal ha fracasado en la investigación penal y prevención de la desaparición y búsqueda de personas desaparecidas, así como ocuparse de las víctimas”. Fustigó como causa principal, “entre otros factores a la militarización de la seguridad ciudadana y a la impunidad”, insinuando que se “retire a las fuerzas armadas de esas tareas”, por supuestamente “responsables de desapariciones forzadas, muchas de ellas agravadas con torturas”.
“Además de las desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas, hay más de 30 mil denuncias de torturas y asesinatos, 350 mil entre 2006 y 2021. Las autoridades responsables de la investigación no quieren o no pueden llevar a juicio a los responsables. Es un asunto que debe preocupar a la humanidad y los Estados que han ratificado la Convención y son parte del Estatuto de Roma pueden remitir la situación a la Corte Penal Internacional (CPI). Otra forma en que los países pueden apoyar a la población civil, es la constitución de un mecanismo internacional para hacer frente a la impunidad, tomando como ejemplo lo acontecido en Guatemala con la CICIG, o las Salas Extraordinarias en las Cortes de Camboya”, finalizó José Antonio Guevara desde México.
Desde Ginebra
