El insulto sonó en sus oídos, fuerte y claro, para que no quedaran dudas de que le hablaban a él. Le dijeron gallego, sin reparar que había nacido en Asturias. En la misma frase agregaron un “de mierda” rotundo, agresivo. Y, después, el último epíteto racista y xenófobo de la tarde. “Andá a juntar bosta a Galicia”. No respondió porque tenía las de perder. Reaccionar en la puerta de la carnicería podía espantar a la clientela. Su hija sufrió en carne propia la afrenta, en silencio.
Mi abuelo había dejado su auto mal estacionado en una calle de Buenos Aires en la década de 1960. La vecina, enojada, apeló a su origen para denigrarlo. Ella era argentina, él español.
Hoy, la tortilla parece haberse dado vuelta. Santiago Abascal, candidato a la presidencia de España por el partido de ultraderecha Vox, agita un discurso del odio para subir en las encuestas. En el debate del último lunes dijo que el 70% de los imputados por agresiones sexuales en grupo son extranjeros. Propuso terminar con la cobertura de salud universal para los extranjeros. “¿Cuánto nos cuesta eso, señor Sánchez? ¿1000 millones? ¿2000? ¿3000?”, dijo, suelto de cuerpo. Los sondeos vaticinan que su partido será la tercera fuerza en las elecciones generales de este domingo.
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Abascal omite que España fue hasta hace pocas décadas un país de emigrantes, tal vez porque él nunca dejó su país ni fue insultado por su nacionalidad. Su vida, en cambio, fue un poco más acomodada: entre 1999 y 2013 cobró 685 mil euros entre del erario público. Por ese entonces, era un ignoto concejal, diputado y asesor del Partido Popular.
Durante la mayor parte del debate, los demás postulantes a la presidencia obviaron que la mayoría de las propuestas de Abascal violan la Constitución. Enfocado en girar al centro, el presidente Pedro Sánchez acusó al PP y Ciudadanos de “blanquear” a la derecha y alertó sobre la propuesta de ilegalizar a “los partidos golpistas”, aludiendo al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Pero no dijo nada, al igual que Pablo Casado y Albert Rivera, sobre su idea de acabar con las autonomías, el modelo de descentralización que postula la Carta Magna aprobada en 1978. En otra de sus controvertidas promesas de campaña, Abascal dijo que si es electo meterá preso a Quim Torra, presidente autonómico de Cataluña. Para Vox, el constitucionalismo es selectivo: aplica para sofocar el intento de secesión de Cataluña, pero no para respetar la división de poderes.
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Si las tres derechas logran la mayoría absoluta en el Congreso, podrían pactar una coalición y Vox llegar al poder. El domingo por la noche, España sabrá si la ultraderecha pasó de la amenaza a la realidad. Quizás ya lo haya hecho, al no haber sido confrontado su discurso. Tal vez sea tarde para un “no pasarán”. Puede que ya lo hayan hecho.
