El Congreso de Bolivia abrió este martes la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción que le permitiría usar a los militares y restringir algunas libertades con el fin de reprimir las masivas protestas que exigen su renuncia, pese a que ya se confirmó la muerte de un manifestante de 24 años. Además, el mandatario definió a Evo Morales como "un enfermo embrutecido por el poder" que busca "derrocar este proceso democrático".
"Estoy siendo víctima de una campaña extraordinaria de diferentes organizaciones no sólo locales sino de orden mundial que ven en Bolivia la posibilidad de la ruptura de este proceso democrático. Esto no es una lucha solo local, es de orden internacional. Por eso la colaboración del presidente Milei o del presidente (José Antonio) Kast o del Gobierno norteamericano, o en este caso, ayer, la expresión del presidente Lula da Silva", dijo Paz en diálogo con Clarín.
"Yo creo que más valiente que la confrontación de la fuerza es el diálogo. En los siguientes dos días se darán señales claras sobre las soluciones. Esta batalla es la primera. Todo el mundo sabía que esto iba a venir. Pasaría conmigo o con cualquier otro gobierno. Romper el molde de cómo se gestionaba el Estado y empezar una nueva etapa para Bolivia es un parto difícil, complejo, pero es un parto al fin", reconoció luego el mandatario.
Al ser consultado por el expresidente y líder de movimientos populares Evo Morales, Paz dijo que es "un enfermo embrutecido por el poder. Ese es el rol, así de claro. Es un hombre que está embrutecido por el poder y hará todo lo posible para, más allá de muertos, más allá de la confrontación, más allá de destrozar a Bolivia, derrocar este proceso democrático, violentar el ordenamiento constitucional y generar un nuevo escenario favorable para él y su organización, que no sólo es una organización local, está también vinculado a organizaciones externas".
El Gobierno boliviano confirmó la muerte de un manifestante, mientras espera poder reprimir con la fuerza del ejército
Mientras que el Gobierno boliviano renoció este martes la muerte de un manifestante de 24 años durante las protestas en La Paz, la Cámara de Diputados —con dos tercios de los votos— eliminó una norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción. Suprimida también previamente por el Senado, Paz queda con el camino libre.
Paz, con seis meses en el poder, encara desde inicios de mayo bloqueos de rutas y protestas de trabajadores de distintos sectores que pedían medidas para enfrentar la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora su renuncia. Además de poder sacar a los militares a las calles para apoyar a la policía en la contención de las manifestaciones, los estados de excepción limitan las libertades de movilidad y reunión, vitales para protestar.
Los críticos de la derogación de la norma, como el diputado Edwin Valda, argumentaron el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Para su colega Sonia Siñani, con la decisión de este martes se echará "gasolina al fuego" en las protestas. En cambio, los defensores señalan que la ciudad de La Paz, sede del Gobierno, sufre un grave desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles por los bloqueos. "Esta ley ha sido una camisa de fuerza" para resolver el problema, opinó el diputado Alejandro Reyes.
Rodrigo Paz, entre la crisis social y la presión de la ultraderecha
La derogación de la norma, impulsada por el oficialista Partido Demócrata Cristiano, fue exonerada del trámite común para sacarla adelante en solo una semana. La restricción de 2020 se remonta a la crisis social de hace seis años, que dejó más de 30 muertos y derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, tras su última reelección entre acusaciones de fraude de la oposición.
Tras asumir el poder la derechista Jeanine Añez, el Congreso, entonces aún controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, buscó atar de manos al Gobierno en la aplicación de mecanismos de represión de las protestas.
Bajo esa ley, los estados de excepción debían ser aprobados por los parlamentarios, que además podían modificarlos para evitar posibles abusos de poder. El Gobierno de Paz asegura que las protestas buscan "alterar el orden democrático" y acusa a Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsarlas.
ML
