El estallido social en Bolivia cruzó una línea sin retorno. Después de negarlo rotundamente, el Gobierno tuvo que admitir que un manifestante de 24 años murió por un disparo de arma de fuego durante los choques del fin de semana. El crimen le tiró más nafta al fuego de una crisis que ya lleva casi un mes, con una capital cercada por los piquetes, un desabastecimiento brutal y un reclamo popular que unificó sus banderas detrás de una sola consigna: que el presidente Rodrigo Paz se vaya a su casa a solo seis meses de haber asumido.
La confirmación del asesinato llegó a través del vocero presidencial, José Luis Gálvez. Acorralado por el certificado de defunción que probaba el ingreso de un "proyectil de arma de fuego", el funcionario intentó despegar a las fuerzas de seguridad del operativo fallido. “Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”, dijo, para luego remarcar que los escuadrones antidisturbios tienen prohibido usar balas de plomo o de goma. “Esto tuvo un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”, aseguró.
Con el agua al cuello y la presión al límite, el mandatario tiró una carta desesperada para intentar calmar la bronca: anunció que se reducirá su propio sueldo a la mitad. Actualmente cobra unos 3.500 dólares, una cifra que representa ocho veces el ingreso promedio de un trabajador boliviano. El gesto, sin embargo, chocó de frente contra una pared. Lejos de aflojar, este lunes miles de obreros y campesinos volvieron a pelear con la policía en el centro paceño al grito de "¿Qué queremos? ¡Que renuncie! ¿Cuándo? ¡Ahora!".
Todo este conflicto nació a principios de mayo como un reclamo puramente sindical. Los trabajadores pedían mejoras salariales y protestaban por la falta de combustible en un país asfixiado por una inflación que tocó el 14% interanual en abril. Pero con el correr de los días, el malestar por los precios en las góndolas y la inestabilidad económica mutó rápidamente en una cruzada política para voltear a la actual gestión de centroderecha, desatando una huelga feroz que vació los supermercados y dejó a los hospitales sin insumos clave
Frente a este descalabro, la comunidad internacional empezó a moverse. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó a Paz para solidarizarse y pedir que se agoten todas las instancias de diálogo, prometiendo además mandar ayuda humanitaria. Estados Unidos, que respalda políticamente a la actual administración, y Argentina también se anotaron para enviar asistencia frente a la falta crítica de comida y medicamentos que sufren las principales ciudades del país andino.
Rodrigo Paz, entre la crisis social y la presión de la ultraderecha
La sombra de Evo y una calle sin freno
La tensión en las calles de La Paz marca el pulso de un conflicto que no afloja. El sábado, el intento de las fuerzas de seguridad por desarmar a la fuerza los piquetes y abrir las rutas bloqueadas terminó en una batalla campal. El lunes, la escena se repitió: las inmensas columnas de trabajadores que bajaron desde la ciudad vecina de El Alto chocaron de frente con el operativo policial que blindaba el parlamento, y los uniformados desataron una lluvia de gases lacrimógenos para reprimir y dispersar a la multitud.
En medio de este escenario, Evo Morales movió sus fichas. El histórico dirigente y ex presidente leyó el descontento en las calles y el domingo exigió formalmente que el Ejecutivo convoque a elecciones anticipadas en un plazo máximo de 90 días. Una jugada política de peso que busca capitalizar el malestar social y presionar a una gestión que hace agua por todos lados, intentando recuperar el terreno que perdió el socialismo en la última contienda electoral.
Mientras tanto, Paz sigue atrapado en un laberinto económico que él mismo ayudó a construir. El mandatario avanzó con un fuerte recorte a los subsidios de los combustibles con el argumento de frenar la sangría de dólares, pero el ajustazo disparó los precios de forma brutal y funcionó como la chispa que encendió la mecha social. Hoy, el recambio de algunos nombres en el gabinete y las promesas de diálogo suenan a poco frente a un conflicto que acaba de cobrarse su primera vida.
TC
