Arabia Saudita endureció su postura respecto a las personas que desfilan por los corredores de la muerte. Esto quedó evidenciado con la ola de ejecuciones llevadas a cabo en el país árabe en las últimas semanas, algo que no solo alertó a las familias sino a organismos internacionales en medio de denuncias por arbitrariedades e "injusticias" en los procesos judiciales.
En las últimas semanas, las autoridades saudíes reactivaron y multiplicaron las ejecuciones de las personas que fueron condenadas a muerte, la pena capital que rige en el reino del Golfo Pérsico, luego de un parate de casi cinco meses. A tal nivel que totalizaron 144 en lo que va del año, el doble que en el período anterior. Entre los motivos figuran delitos relacionados a las drogas o al terrorismo.
A pesar del fervor mundialista que se vive en el país tras el histórico triunfo frente a la selección argentina, las autoridades saudíes no pudieron escapar del escrutinio internacional, especialmente luego de que la situación penitenciaria alarmara las familias de los condenados a muerte, que aseguran vivir un clima de "terror extremo".
El drama de los condenados muerte en Arabia Saudita
Después de cinco meses durante los que no se aplicó la condena a muerte, las autoridades sauditas ejecutaron a 24 personas desde principios de octubre, la mayoría en las dos últimas semanas, según información de medios estatales recabada por AFP.
Entre estas personas figuran 16 condenados por casos vinculados con las drogas, lo que pone fin a una moratoria de casi dos años en la aplicación de la pena capital en estos delitos. En marzo, en tanto, en tan un solo día 81 personas fueron ejecutadas acusadas por un caso de terrorismo.
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Por su parte, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, aseguró que el reino "se deshizo" de la pena de muerte salvo en los casos de asesinato o de "riesgo para la vida de muchas personas", según medios estatales.
"Terror extremo": testimonios
Debido a la ola de ejecuciones registrada en el país árabe, Zeinab Abo al Jeir vive un infierno debido a que su hermano Husein podría ser el próximo en la lista. El hombre, de nacionalidad jordana, desde el 2015 que está en el corredor de la muerte de Arabia Saudita. Había sido detenido en 2014 en la frontera entre ambos países donde trabajaba como conductor privado en Tabuk, una ciudad del norte saudí.
La incertidumbre sobre su destino tiene a su hermana y a toda su familia "bajo presión psicológica y con un terror extremo". "No podemos contactarlo. Esperamos siempre una comunicación con él. A veces esperamos seis meses o más", contó la mujer a AFP desde Canadá, donde reside.
La semana anterior, Husein contactó a un pariente en Jordania para anunciarle que había sido trasladado a una zona de la prisión de Tabuk, reservada a los internos cuya ejecución es inminente. "Tiene mucho miedo, está muy triste y asegura que ha sido víctima de una injusticia", asegura su hermana Zeinab. "Espera el momento de su muerte, de ser decapitado con un sable, tras un proceso absolutamente injusto", añade.
Según su versión, también sostenida por la oenegé Reprieve con sede en el Reino Unido, el hombre de 57 años sufrió torturas durante doce días en los que no tuvo acceso a un abogado antes de firmar un documento donde reconocía dedicarse al tráfico de estupefacientes. Contactadas, las autoridades sauditas no respondieron a las preguntas de AFP.
Otro nacional de Jordania, Adnan al Shraidah, está detenido desde 2017 acusado de intentar introducir clandestinamente más de 60 mil pastillas de captaron, una droga sintética de la familia de las anfetaminas muy extendida en Medio Oriente, especialmente en Arabia Saudita. Según una de sus hijas que vive en Jordania, Adnan es "anciano" y "su salud es muy mala". "Me gustaría que Arabia Saudita dé una segunda oportunidad a aquellos que no han sido condenados por actos de violencia y que se apiade de sus familias", dijo la mujer.
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La respuesta de la ONU
El martes, la ONU dijo que era "profundamente lamentable" esta ola de ejecuciones, en particular por crímenes vinculados con las drogas, y señaló que era "incompatible" con las normas internacionales. Con respecto al caso de Husein Abo al Jeir, expertos del organismo internacional estimaron que se trata de una detención arbitraria sin fundamento jurídico.
Según Duaa Dhainy, investigadora de la Organización Euro-Saudita de Derechos Humanos (ESOHR), las autoridades saudíes suelen anunciar que las personas fueron ejecutadas luego de que el hecho haya ocurrido, excepto en los casos de condenados por asesinato, en los que las familias de las víctimas son informadas de antemano.
Incluso muchos familiares se enteran a través de medios estatales, que no siempre publican los nombres de los internos. "Las familias ni siquiera pueden decir adiós al ser querido", explicó la activista del organismo con sede en Alemania.
En tanto, la organización ESOHR conoce otros 54 casos de detenidos, ocho de ellos menores, que se encuentran en el corredor de la muerte. Pero esta cifra queda por debajo de la real, asegura la oenegé.
CDI / MCP
