Tras cincuenta días de parálisis y caos logístico, el Gobierno boliviano decidió no bajar la guardia. Pese a la reapertura total de las rutas, el presidente Rodrigo Paz Pereira anunció este martes que el estado de excepción continuará vigente para evitar cualquier rebrote de las protestas, consolidar el orden interno y no volver a sufrir el estrangulamiento de las vías de comunicación.
La decisión del Ejecutivo coincidió con un reporte clave de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que confirmó la existencia de “cero puntos de bloqueo activos” en la red vial. Este dato marcó el final técnico de una crisis que estalló el 1 de mayo con reclamos vinculados a la situación económica y salarial, pero que con el correr de las semanas mutó hasta exigir la renuncia del propio jefe de Estado.
El saldo de la protesta prolongada dejó cicatrices profundas en la estructura del país andino. Durante casi dos meses, miles de camiones quedaron atrapados, las principales ciudades padecieron el desabastecimiento crítico de alimentos, combustibles e insumos médicos, y las pérdidas financieras se calcularon en miles de millones de dólares.
Al realizar su primer balance público tras el decreto del fin de semana, el mandatario aseguró que “la medida de fuerza fue derrotada” y adelantó que convocará a un "encuentro nacional por la unidad" para reactivar los indicadores sociales. "Lo que nos queda es construir, desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de poder crecer", subrayó ante los periodistas.
Sobre la retención del régimen de excepción en un escenario sin cortes, Paz Pereira defendió su postura de manera tajante. "Bolivia se tiene que ordenar, porque no se puede volver a repetir lo que ha ocurrido estos últimos 50 días", advirtió el dirigente en La Paz, detallando además que esta norma extraordinaria funciona como el instrumento legal para reorganizar la nación.
El alcance del decreto y el futuro en los tribunales
La normativa excepcional, que rige desde la madrugada del sábado 20 de junio, fue impulsada con el objetivo primario de liberar el tránsito, asegurar la llegada de productos esenciales y mantener la paz pública. Las autoridades aclararon que la medida no suspende las actividades diarias ni los derechos fundamentales de la población, sino que aplica restricciones específicas para frenar los piquetes y contener la violencia regional.
Con el asfalto finalmente liberado, la mirada se dirige ahora hacia las consecuencias penales para los promotores de la paralización nacional. Al ser consultado sobre el destino de quienes lideraron los cortes y provocaron el desabastecimiento, el presidente optó por una respuesta corta que anticipa la intervención de los tribunales: "La justicia es justicia".
De esta forma, Bolivia ingresa en una etapa de transición sumamente delicada. Mientras la administración central intenta tender puentes económicos a través del diálogo nacional, mantendrá activas las facultades extraordinarias como un escudo legal y preventivo para que el fantasma de los bloqueos no vuelva a tomar de rehén al país.
TC
