El Gobierno nacional le bajó el pulgar a la delegación argentina que rebotó en Bolivia. Lejos de defender a los dirigentes opositores deportados, el canciller Pablo Quirno tomó la palabra y reveló el motivo central del escándalo: según la información oficial, las autoridades vecinas detectaron graves "inconsistencias" entre los papeles migratorios y las verdaderas intenciones del viaje.
A través de un comunicado en sus redes, el ministro de Relaciones Exteriores se despegó del grupo autodenominado "Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos", integrado, entre otros, por el diputado Juan Marino y la legisladora Vanina Biasi. Quirno blanqueó que la administración de Rodrigo Paz Pereira actuó en pleno uso de sus "facultades soberanas" al aplicarles el derecho de admisión y enviarlos de regreso a Buenos Aires.
El funcionario detalló cuál fue el cortocircuito exacto en los mostradores de migraciones. Explicó que lo que los dirigentes anotaron como propósito formal para cruzar la frontera no tenía nada que ver con lo que ellos mismos venían promocionando públicamente en los días previos, donde aseguraban ir a hacer un relevamiento a pedido de un grupo de diputados bolivianos.
Al cruzar los datos, el país vecino constató que la comitiva tampoco cumplía con los requisitos básicos que exige su legislación interna. Frente a este panorama plagado de irregularidades operativas, la decisión de las autoridades locales fue tajante: les cerraron la barrera y los subieron al primer vuelo disponible para desactivar su agenda en el territorio.
Para que el cortocircuito no escalara diplomáticamente, el titular de la cartera aclaró que el Estado argentino activó los mecanismos de rigor correspondientes. La Embajada y los consulados de La Paz y Santa Cruz de la Sierra se pusieron a disposición de inmediato para monitorear el proceso de deportación y garantizar la integridad física de los afectados.
Bolivia: de perla del bolivarianismo a tormenta perfecta anunciada y evitable
Furia política y sospechas de financiamiento
El fallido desembarco no solo generó ruido en los controles migratorios, sino que desató un vendaval de críticas en los funcionarios de Bolivia. La dirigencia local no anduvo con medias tintas y catalogó la movida, en palabras de la senadora Tomasa Yarhui, como una evidente "intromisión política en los conflictos nacionales".
El clima sumó todavía más voltaje cuando el diputado Alejandro Reyes puso la lupa sobre el aspecto económico del viaje. El legislador exigió que se investigue de forma urgente quién financió los pasajes y vinculó directamente al contingente argentino con una maniobra encubierta para darle oxígeno al ex presidente Evo Morales en plena disputa interna.
Frente a la lluvia de acusaciones cruzadas, la Casa Rosada optó por mantener un perfil estrictamente técnico y distante. Desde Cancillería reiteraron que la Argentina respeta a rajatabla el derecho de cualquier Estado para decidir a quién deja entrar a su país, cerrándole la persiana a los reclamos de los legisladores expulsados.
TC
