Hace solo diez años, Bolivia era una perla para el mundo bolivariano. Dentro de los denominados gobiernos “progres”, “populistas” o “comunistas” (cada bando elegirá su denominación), el país gobernado por Evo Morales mostraba datos financieros y macroeconómicos notables: un tipo de cambio estable y respetables niveles de crecimiento. El 12 de octubre de 2014, Morales era reelecto por el 61,3% de los votos, cerrando una performance de mayoría legislativa. Había llegado a la presidencia en enero de 2006, y mostraba a América Latina que, una semana antes de su reelección, colocaba deuda en el mercado voluntario financiero internacional al 3,7% anual. Una de las más bajas del continente y competitiva con la de cualquier país en desarrollo de características económicas ortodoxas. Era casi el ejemplo de lo bien que podía hacer las cosas un gobierno bolivariano, al menos en términos de mercado. Además, Bolivia exportaba 6.624 millones de dólares en metros cúbicos de gas natural, rompiendo un récord histórico y generando reservas para el Banco Central por un acumulado de US$ 15.200 millones, con dos compradores del combustible casi cautivos: Argentina y Brasil. El primero, en emergencia energética casi permanente, necesitaba cada vez más gas y pagaba al contado y en dólares, ya que no resultaba un país confiable, aún con Cristina Fernández de Kirchner del otro lado del teléfono. Brasil, por su parte, usaba ese gas para producir en el sur del país. Nada podía fallar. Se hablaba de un proyecto bolivariano de versión boliviana casi eterno y consolidado en el tiempo.
Unos 12 años después, en mayo de 2025, Bolivia vive un clima prerrevolucionario. Ya no hay bolivarianos en el gobierno. El presidente es hoy Rodrigo Paz, que ganó un ballotage contra Jorge “Tuto” Quiroga, en una contienda donde la disputa fue ver cuán de derecha eran ambos. En octubre de 2025 se puso fin a 20 años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS). Como toda gestión de esta estirpe, todo comenzó con un severo ajuste que llevó a la economía social a una situación de inestabilidad extrema, aderezado con acusaciones contra Evo Morales que lo llevarían a prisión. Un cóctel explosivo sin definición momentánea.
Se podría interpretar la crisis boliviana como una cuestión política, fruto de los cambios ideológicos que algunos quieren profundizar y otros se niegan a aceptar. Sin embargo, hay que observar una realidad estructural más profunda que lleva el problema al terreno de las tormentas perfectas. Y evitables. ¿Cuándo? Probablemente en aquellos tiempos dorados de colocación de deuda a menos del 4%, cuando el socialismo de Morales era exhibido como la perla bolivariana.
Para empezar, Evo no pudo solucionar el principal problema histórico de su país. La economía en negro de Bolivia es la más complicada del continente. Según datos del Banco Mundial, muestra desde hace décadas porcentajes promedio del 70%, con sectores que superan el 90%, frente a un promedio continental del 55%. La informalidad laboral total o parcial alcanza al 80% de la población ocupada, que trabaja sin seguridad social ni contratos formales.
Bolivia no pudo salir del esquema de una economía con predominio de microemprendimientos de subsistencia y trabajo por cuenta propia, donde la informalidad funciona como “válvula de escape” ante altos impuestos, burocracia y baja seguridad jurídica. Curiosamente, la baja tasa de desempleo (2,7%) convive con una altísima informalidad, lo que indica que el problema no es la falta de empleo, sino la falta de empleo formal. Ese nivel de informalidad del 80-85% implica que la mayor parte de la actividad económica no tributa, no accede a financiamiento y opera fuera del marco regulatorio. El resultado es una economía fragmentada, limitada en su productividad, sin acceso a crédito formal o bancario y con una reducida capacidad del Estado para recaudar y planificar. También explica la resiliencia del país en crisis: la informalidad absorbe desempleo y sostiene ingresos de subsistencia.
La crisis de esta semana mostró otra curiosidad. La falta de combustibles, agravada por el incremento de precios derivado de la guerra en Medio Oriente, expuso los problemas de planificación en un mercado –el de las naftas– donde el 50% opera en negro con productos adulterados. Se trata de un negocio de entre 2 y 3 millones de dólares diarios provenientes de una actividad ilícita.
El segundo problema estructural de Bolivia es más imperdonable tras años de populismo: el país se está quedando sin gas, su principal fuente histórica de divisas. En 2023, las exportaciones llegaron a los 2.058 millones de dólares –un 69% menos que diez años antes–, con reservas en el Banco Central de US$ 1.905 millones, un 87,5% por debajo de los niveles de 2014. ¿Qué pasó? Simplemente, se acabó el gas. Simplemente, porque no hubo reinversión: ni pública ni privada, ni latinoamericana ni extranjera. No porque el sistema bolivariano lo haya impedido expresamente, sino porque la crisis política y económica hace inviable cualquier desembarco inversor. Para peor, muy cerca del problema boliviano hay una solución a la falta de producción y exportación del combustible: Vaca Muerta. Argentina va camino a convertirse en el principal polo exportador de gas de la región, desplazando a Bolivia y transformándose en el proveedor primordial del combustible para Brasil. Solo habría que definir la vía: a través de los ductos ya instalados en Bolivia, a través de Paraguay mediante inversiones privadas, o desde territorio argentino a partir de un nuevo gasoducto que conecte ambos países por Uruguay. O una combinación de las tres opciones. Lo cierto es que Argentina dejó de importar gas de Bolivia, ahorrándose desde 2025 entre US$ 4.000 y 5.000 millones anuales.
La crisis económica de Bolivia se profundizó entre 2023 y 2026 y combina hoy problemas cambiarios, inflación, escasez de combustibles, caída de reservas y fuerte conflictividad social. El país se está quedando sin reservas internacionales: pasó de tener más de US$ 15.000 millones en 2014 a alrededor de US$ 2.800 millones en 2025, lo que redujo drásticamente la capacidad del Estado para importar combustibles y sostener el tipo de cambio fijo. Desde 2023 comenzaron las restricciones bancarias para retirar dólares, los límites para compras internacionales y la aparición de un mercado paralelo. Y llegó un clásico latinoamericano –sobre todo bolivariano– que en los tiempos de Evo Morales no existía: la brecha cambiaria. El dólar oficial se mantuvo en torno a 6,96 bolivianos, pero en el mercado informal llegó a cotizar cerca de 20 bolivianos en 2025.
La crisis llegó también al mercado negro. Y a la falta de oferta, lo que nunca debe ocurrir en un sector ilegal. Los productos en el sector “barrani” boliviano escasean, crecen las incomodidades y la voluntad de cambio.
Todo esto en un país que, hasta hace pocos años, era mirado como la perla del progresismo latinoamericano. Allí donde todo se había plasmado en la realidad, incluyendo lo mejor del modelo. Todo funcionaba relativamente bien. Salvo la visión estratégica sobre que debe haber un mañana. Que llegó. Con una crisis terminal.
