La investigación por el Vacunatorio VIP retoma su actividad judicial a más de cinco años del escándalo por la aplicación irregular de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia. Este viernes, la primera en presentarse ante la Justicia es Lucía Antolini, una de las 34 personas que quedaron imputadas por haber recibido dosis en circunstancias que, según la acusación, hicieron que quienes fueron vacunados “contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos”.
Antolini declara ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien había dispuesto las citaciones a pedido del fiscal Eduardo Taiano. La ronda se extenderá hasta el 9 de diciembre y alcanzará, entre otros, al expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda Duhalde, Horacio Verbitsky, el diputado Eduardo Valdés y el excanciller Jorge Taiana.
De primera instancia, la investigación estuvo concentrada principalmente en los funcionarios que habrían permitido o facilitado la aplicación de las vacunas por fuera del esquema previsto.
Ese tramo avanzó por separado y actualmente tiene tres procesados: Marcelo Guille, exsecretario privado de Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, exdirector ejecutivo del Hospital Posadas.
Pero la investigación tuvo otro giro cuando la Cámara Federal ordenó profundizar el análisis sobre quienes habían recibido las dosis. El planteo fue determinar si habían tenido solamente un rol pasivo o si también podían tener responsabilidad por haber aceptado una vacuna que no les correspondía en ese momento.
A partir de esa decisión, el fiscal Taiano avanzó con el pedido para que 34 personas fueran llamadas a indagatoria. Capuchetti hizo lugar y estableció un cronograma que comenzó este viernes y continuará durante los próximos meses.
Qué es el “Vacunatorio VIP”
El escándalo comenzó cuando se conoció que algunas personas habían accedido a la vacuna Sputnik V a través de un circuito que funcionaba por fuera de los criterios establecidos para la campaña oficial. Entre los lugares donde se aplicaron dosis bajo investigación aparecen el Ministerio de Salud, el Hospital Posadas y domicilios particulares.
Su repercusión política fue inmediata, ya que el escándalo ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández y derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García, en febrero de 2021. El exfuncionario también había quedado involucrado judicialmente, aunque falleció en 2024 y, por ese motivo, su situación penal quedó extinguida.
Uno de los nombres que quedó asociado al inicio del escándalo fue el de Horacio Verbitsky, quien contó públicamente que había recibido la vacuna y explicó que había recurrido a sus contactos para acceder a ella.
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