La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura abrió el período 2026 con una intensa sesión que dejó al descubierto las profundas fracturas del cuerpo. En una votación dividida, el oficialismo del organismo logró imponer el cierre de la denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien estuvo bajo la lupa por las presuntas irregularidades en el manejo del teléfono de Fernando Sabag Montiel. El bloque de los jueces, junto a representantes académicos y del Senado, consideró que la investigación ya no tuvo razón de ser y que mantenerla abierta representó “una maniobra de dilación política”.
El debate por Capuchetti escaló rápidamente cuando el consejero Diego Barroetaveña impulsó el archivo definitivo del caso. “Pato o gallareta, se vota hoy”, sentenció el magistrado para frenar los pedidos de nuevas medidas de prueba. Barroetaveña sostuvo que las acusaciones sobre el borrado del celular del atacante de Cristina Kirchner se basaron en hechos ya investigados y que la insistencia del kirchnerismo solo buscó un efecto mediático ajeno a lo disciplinario, protegiendo así a la jueza de lo que definió como una “persecución injusta”.
Desde la oposición, el diputado Rodolfo Tailhade y la senadora Anabel Fernández Sagasti reaccionaron con dureza ante lo que calificaron como un "blindaje" corporativo. Tailhade acusó a sus pares de tener "exceso de calcio en la carita" por proponer el cierre de un expediente vinculado al intento de magnicidio de la máxima dirigente del país sin agotar las pericias técnicas: "¿Con dos votos piojosos que tenemos vamos a perseguir a una jueza? Con nuestra conducción presa, ¿vamos a perseguir a una jueza? Hay que ser impune…", sentenció.
A la postura crítica se sumó sorpresivamente el senador Luis Juez, quien rechazó la desestimación al considerar que la propia Capuchetti debería haber estado interesada en completar la investigación para limpiar su nombre.
En otro orden de temas, la Comisión aceleró el cerco sobre el juez federal de Rosario, Gastón Salmain. El plenario envió a la Comisión de Acusación un nuevo expediente donde se lo investigó por haber omitido en su currículum que fue cesanteado del Poder Judicial tras intentar coimear a una empleada judicial. Salmain ya contó con un procesamiento con prisión preventiva por cobrar sobornos de 200 mil dólares a un grupo financiero, una maniobra que el propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, denunció ante el Consejo en 2025.
La jornada también puso en jaque al juez en lo comercial Hernán Diego Papa. Por unanimidad, los consejeros lo llamaron a dar explicaciones bajo el artículo 20 del reglamento, una instancia equivalente a una indagatoria disciplinaria. Sobre Papa pesó una denuncia de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por un historial de maltrato laboral cotidiano que incluyó desde amenazas y abuso de autoridad hasta agresiones físicas contra el personal de su juzgado.
Finalmente, todas las resoluciones tomadas por la comisión que preside César Grau pasaron ahora a la instancia del Plenario, donde se deberá ratificar o rectificar lo ocurrido. El escenario mostró un Consejo que, si bien fue implacable con las denuncias de corrupción y violencia de magistrados de menor peso mediático, cerró filas para proteger a la jueza Capuchetti en uno de los casos más sensibles para la política argentina. El resultado final de esta pulseada definirá el clima de convivencia entre la Justicia y el Congreso para lo que resta del año.
Elegir jueces: una decisión que define el futuro
El factor del celular y la "maniobra política"
La desestimación de la denuncia contra Capuchetti marcó un punto de inflexión. El argumento central de los jueces consejeros fue que la incorporación de nuevos peritajes técnicos de Gendarmería no aportaría valor real al sumario y que la demora solo sirvió para desgastar la figura de la magistrada. Para el bloque mayoritario, la disconformidad con las resoluciones judiciales de Capuchetti no pudo ser utilizada como moneda de cambio en un expediente.
El caso del juez rosarino expuso una falla crítica en los mecanismos de control de los concursos judiciales. Salmain no sólo ocultó una cesantía previa por cohecho, sino que repitió el patrón delictivo una vez en el cargo al quedar involucrado en una trama de cautelares "extrañas" para la compra de dólares.
El Consejo de la Magistratura validó las pruebas presentadas sobre el ambiente tóxico en el juzgado comercial, enviando un mensaje directo hacia el interior de los tribunales. El uso del artículo 20 obligó al juez a presentarse ante sus pares para intentar justificar las acusaciones de agresión física, un hecho que la Comisión de Disciplina consideró de una gravedad institucional incompatible con la magistratura.
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