Tras el anuncio de Manuel Adorni sobre el envío al Congreso de pliegos de jueces para cubrir sesenta cargos vacantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió este miércoles una Acordada que establece cambios profundos en el procedimiento de selección de candidatos a magistrados a cargo del Consejo de la Magistratura.
Con el objetivo explícito de “reducir los potenciales ámbitos de discrecionalidad” y “garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados”, el nuevo reglamento prioriza “el rendimiento académico de excelencia y el mérito real” sobre la experiencia burocrática y administrativa en oficinas judiciales. También introduce “reglas más claras y previsibles” para la entrevista personal —la etapa más cuestionada de los concursos de jueces actuales— y define dos modalidades de concursos para cubrir vacantes o anticipar posibles cargos disponibles.
Con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte aprobó el “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”, que será enviado al Consejo de la Magistratura para su consideración en el Plenario, presidido por Horacio Rosatti, quien no suscribió el documento con el nuevo reglamento.
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En lo que podría interpretarse como un mensaje indirecto al organismo constitucional que organiza los concursos y selecciona a jueces nacionales y federales, la Acordada recalca que la Corte es la “cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina”. Esto implica que el Consejo debe respetar su primacía.
El nuevo reglamento busca reorganizar la estructura de los concursos para la conformación de ternas de magistrados, “impulsando las reformas reglamentarias necesarias para corregir disfuncionalidades sistémicas”.
Las mejoras introducidas, según la Corte, se orientan a “garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados” y “reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”. Aunque el lenguaje mantiene formalidad, el mensaje es inequívoco: los procesos actuales requieren corrección.
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Según el nuevo texto, que debería ser aprobado por el Consejo, la evaluación de antecedentes personales de los candidatos premiará “el rendimiento académico de excelencia y el mérito real” por sobre la experiencia administrativa. También busca asegurar el pleno anonimato en la prueba de oposición e introducir “reglas más claras y previsibles” para la entrevista personal.
La entrevista personal constituye la etapa más criticada del proceso de selección de magistrados, ya que permite sumar o restar puntos decisivos para la evaluación final. En varias ocasiones, este mecanismo alteró el orden de mérito de las ternas y desvirtuó la lógica de los concursos de jueces.
El proyecto de la Corte establece dos tipos de concursos: anticipado, como regla, y especial, como excepción. En los anticipados, sólo podrán cubrirse ocho cargos por concurso, mientras que los especiales pueden ser simples (un cargo) o múltiples (hasta nueve cargos).
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Los concursos anticipados deben planificarse en un “Plan Anual de Concursos Anticipados”, aprobado por la Comisión de Selección y el Plenario. Se prevé la digitalización del proceso de inscripción, donde se presentan todos los antecedentes, y se otorga relevancia a la formación académica de los candidatos.
La prueba de oposición escrita se divide en dos etapas: una general, de 120 preguntas sorteadas entre 2.000, con corrección automatizada; y otra especial, dividida en razonamiento e interpretación de un caso cerrado y resolución de un caso práctico con sentencia. Las consignas las elabora un Comité de Examen y la corrección la realiza un Jurado Evaluador. También se implementa un sistema informático que garantiza el anonimato de los aspirantes.
Para calificar los antecedentes personales, se aplican criterios objetivos que limitan la arbitrariedad. Luego, se confecciona un orden de mérito provisorio y se convoca a entrevista personal a los seis candidatos mejor posicionados. Las entrevistas serán públicas, transmitidas por medios audiovisuales y abiertas a la ciudadanía. En esta etapa, la ponderación se reduce a solo 20 puntos.
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Como ocurre actualmente, la Comisión de Selección presenta un dictamen con la terna de candidatos, orden de mérito y puntajes. El Plenario cita a audiencia pública a los postulantes y decide aprobar o rechazar el concurso de magistrados.
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Sin modificar atribuciones del Consejo de la Magistratura, y en caso de que su Plenario apruebe el nuevo reglamento, la Corte considera que será el organismo colegiado quien determine si se aplica a los concursos de jueces ya en trámite.
En tribunales revisan los concursos abiertos sin resolución en el Consejo, y según fuentes consultadas por Clarín, prestan atención especial a los procesos para cubrir cuatro vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal bajo la Corte que analiza las sentencias de todos los juicios orales de la justicia federal argentina.
Entre los aspirantes destacan dos jueces de Comodoro Py cuyas resoluciones fueron funcionales en causas vinculadas a Cristina Kirchner: María Gabriela López Iñíguez y José Michilini. Ambos integraron el Tribunal Oral que buscó absolver a la expresidenta en el juicio por el Pacto con Irán, iniciado tras la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
La jueza López Iñíguez también votó a favor de Lázaro Báez en la causa de la Ruta del Dinero K y de Amado Boudou en el caso Ciccone, a la vez que solicitó penas mucho menores a las impuestas y se opuso a su prisión. Además, avaló la excarcelación de Carlos Zannini en 2018.
NG
