El juez federal Daniel Rafecas resolvió este jueves desestimar un planteo que buscaba detener de manera inmediata el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La decisión se dictó tras una presentación judicial que denunciaba un presunto esquema de fraude, adulteración documental y adjudicación previamente acordada de un contrato multimillonario.
El pronunciamiento judicial alcanza al segmento principal de la licitación pública, de alcance nacional e internacional, destinada a la concesión del corredor fluvial más relevante del país. Según los denunciantes, la adjudicación —estimada en unos 7.000 millones de dólares— ya estaría orientada hacia un conglomerado empresario con vínculos con el poder político.
El juez, en cambio, sostuvo que no se verificó un peligro concreto ni evidencia suficiente que justificara la interrupción del procedimiento en curso.
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El conflicto por la Hidrovía Paraná-Paraguay: presuntas irregularidades en la licitación
El eje del conflicto se concentra en el proceso de adjudicación de las tareas de dragado, señalización y balizamiento de la Hidrovía, considerada una arteria estratégica para el comercio exterior argentino.
En ese marco, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia en la que planteó supuestas irregularidades en la confección de los pliegos —los requisitos técnicos del concurso—. Según su presentación, las condiciones habrían sido diseñadas “a medida” para restringir la participación de empresas de origen chino, pese a su relevancia internacional en el sector.
De acuerdo con esa denuncia, el Grupo Neuss, encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, habría pasado en un período de dos años de un rol secundario a convertirse en uno de los principales beneficiarios de procesos de privatización y concesión estatal en la Argentina.
Los Neuss, ganadores del nuevo poder
La presentación incorporó además otras imputaciones. Allí se indicó que la firma Jan de Nul figuraría como oferente formal, mientras que el Grupo Neuss actuaría como “socio oculto”, con una participación real del 50% del contrato a través de esquemas de subcontratación no declarados. También se mencionó al Grupo Román y, en el plano político, al expresidente Mauricio Macri.
El segundo denunciante, Fernando Míguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, argumentó que el pliego establece un requisito técnico —un calado de 44 pies (13,41 metros)— de cumplimiento inmediato que solo Jan de Nul podría satisfacer en la región, lo que, según su interpretación, configuraría una ventaja competitiva determinante.
Guillermo Marijuan: el primero en rechazar la suspensión de la licitación de la Hidrovía
Las denuncias solicitaban una medida cautelar de no innovar, es decir, la suspensión inmediata de todos los actos administrativos vinculados a la licitación hasta tanto se analizara el fondo de la cuestión.
Este lunes, el fiscal federal Guillermo Marijuan se pronunció en contra del pedido, al considerar que no se encontraban reunidos los requisitos necesarios para adoptar una medida de ese alcance.
En su dictamen, el fiscal sostuvo: “No se acredita la verosimilitud del derecho invocado ni la arbitrariedad manifiesta del obrar administrativo, especialmente exigible frente a la Administración Pública… tampoco se demuestra el peligro concreto en la demora al que alude la presentante”.
Agregó que las medidas cautelares solo proceden cuando existen elementos objetivos que acrediten la urgencia y el riesgo de un perjuicio irreparable. Ese requisito, conocido como “peligro en la demora”, constituye una condición central para su otorgamiento.
Asimismo, recordó la presunción de legitimidad de los actos de la administración pública, que únicamente puede ser desplazada ante indicios claros de ilegalidad o riesgo grave e inminente.
Daniel Rafecas respaldó a Guillermo Marijuan en la causa por la Hidrovía
Al analizar el expediente, el juez Daniel Rafecas sostuvo que los planteos presentados se apoyan en hipótesis vinculadas a hechos futuros y que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, sin elementos materiales suficientes para adoptar una medida de carácter excepcional como la suspensión del proceso licitatorio.
En su resolución, el magistrado indicó que las medidas cautelares constituyen herramientas de aplicación restrictiva, que requieren la concurrencia simultánea de tres condiciones: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela adecuada.
Para el juez, tanto la presentación de Marcela Pagano como la de Fernando Míguez no cumplen con esos requisitos, ya que las afirmaciones expuestas no superan la etapa de denuncia inicial ni aportan prueba concreta que justifique una intervención judicial de esa magnitud.
Hidrovía: dos empresas presentaron ofertas económicas iguales en la licitación
El fallo también cita criterios jurisprudenciales recientes que exhortan a los magistrados a actuar con especial prudencia cuando se trata de decisiones que pueden afectar el normal funcionamiento de la administración pública, así como en contextos donde existen actuaciones paralelas en otros fueros federales.
En ese sentido, se menciona la existencia de expedientes en trámite en el fuero federal de Santa Fe, donde ya habrían sido rechazadas medidas cautelares vinculadas al mismo proceso.
La decisión judicial recae sobre uno de los contratos de mayor envergadura en materia de infraestructura fluvial del Estado argentino y, por el momento, deja sin efecto el intento de frenar el avance del proceso licitatorio.
NG
