El juez Carlos Bruniard procesó sin prisión preventiva al empresario Marcelo Porcel por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de material sexual infantil, en el marco de la causa CCC N° 36627/2024. La decisión se tomó en la Ciudad de Buenos Aires, tras más de un año y medio de denuncias de al menos diez adolescentes, compañeros de su hijo. Los hechos, ocurridos entre 2022 y 2024, fueron denunciados por los padres de los menores, quienes relataron una metodología de captación basada en el suministro de alcohol, incentivos económicos y la vulneración de la privacidad en ámbitos de confianza. Además, se le prohibió salir del país, se ordenó la entrega de su pasaporte y se le impusieron restricciones de movimiento.
El magistrado, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, consideró acreditado que el empresario aprovechaba su rol de padre de compañeros de las víctimas para ejercer una "guarda de hecho" contra menores de 13 años que se quedaban a dormir en su domicilio de la torre Le Parc o que lo visitaban en sus oficinas.
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Según la resolución, a esa figura se suma el delito de corrupción de menores en múltiples oportunidades y, en uno de los casos, la producción de representaciones sexuales de un menor. Este último punto surge de pericias realizadas sobre dispositivos electrónicos del empresario, donde se habrían hallado grabaciones tomadas sin consentimiento en el baño de su domicilio.
Aunque el juez rechazó la prisión preventiva solicitada por la querella, le impuso la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización, la entrega del pasaporte en ese mismo plazo y notificó a la Dirección Nacional de Migraciones. Estas medidas se suman a la restricción perimetral que ya le impedía acercarse al colegio y al club GEBA.
La causa se inició el 5 de julio de 2024 a partir del relato de seis adolescentes del Colegio Palermo Chico. Con el avance de la investigación se sumaron nuevos testimonios y el número de denunciantes llegó al menos a diez. Las declaraciones en Cámara Gesell coincidieron: los encuentros eran organizados por Porcel en su departamento en el piso 26 de la torre Le Parc, otro inmueble cercano y una oficina en la zona de Retiro. Las reuniones comenzaban como “juntadas” entre adolescentes, pero derivaban en dinámicas donde el adulto tenía un rol central.
De acuerdo con lo declarado, en esos encuentros había provisión de alcohol —vodka y tequila— y una lógica de incentivos económicos. Los adolescentes relataron que se los estimulaba a participar en “competencias” de consumo: tomar grandes cantidades de alcohol a cambio de dinero o recompensas. En algunos casos, Porcel realizaba transferencias a billeteras virtuales para sostener esas dinámicas o financiar apuestas online.
Los adolescentes también describen situaciones de exposición corporal bajo la lógica de premios. Uno de los episodios mencionados en el expediente señala que el empresario habría ofrecido dinero a quienes corrieran en ropa interior alrededor de una mesa durante una reunión.
Las víctimas relataron episodios de contacto físico que se producían bajo la excusa de “masajes con aceites”, generalmente después de los partidos de fútbol. Esos contactos derivaban en tocamientos en zonas genitales.
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En paralelo, el empresario intentó frenar la difusión del caso en los medios. En enero presentó medidas cautelares contra 13 empresas periodísticas. Entre ellas Editorial Perfil, La Nación, América TV, Grupo Telefé, Infobae, Crónica, Grupo Clarín y C5N. De ese total, solo tres habrían sido concedidas parcialmente y no llegaron a ser notificadas.
En su declaración indagatoria del 18 de marzo, Porcel sostuvo que es “inocente”. Sin embargo, el juez consideró que los testimonios, las pericias y el contexto acreditado permiten avanzar con el procesamiento en esta instancia.
Marcelo Porcel
Marcelo Porcel es un empresario vinculado históricamente a sectores de alto poder adquisitivo. Fue concesionario del predio Oh! Buenos Aires (ex Buenos Aires Design) en Recoleta y posee emprendimientos en Nordelta y Cañuelas. Su familia es reconocida en el mundo financiero por haber fundado Argencard, la tarjeta de crédito vendida en la década del 90.
Antes de este revés judicial, el acusado intentó silenciar el caso mediante la presentación de medidas cautelares contra 13 medios de comunicación, buscando imponer un "bozal legal" para impedir la difusión de su nombre y los detalles de la causa. No obstante, el avance de las pruebas y la consistencia de los relatos de los diez menores terminaron por consolidar el procesamiento.
"Los hechos venían ocurriendo desde hacía varios años, fuimos atando cabos. Un chico contaba que le hizo un masaje, otro padre advertía 'no dejes ir a tu hijo a dormir'. Así los padres empezaron a preguntar", revelaron fuentes cercanas a la querella a Clarín.
Actualmente, el entorno familiar del empresario también ha sufrido consecuencias sociales: sus hijos no fueron matriculados en las instituciones donde solían asistir debido a la presión de la comunidad educativa tras conocerse la magnitud de las imputaciones. La causa, en la que interviene el fiscal Pablo Turano, avanza mientras se analizan nuevas pruebas.
Qué hacer ante la sospecha de un caso de violencia o abuso contra un niño
Ante la sospecha de un caso de vulneración de derechos contra un menor, la intervención temprana es el factor determinante para interrumpir el ciclo de violencia. En Argentina, el marco legal obliga a los funcionarios públicos y apela a la responsabilidad ciudadana para denunciar cualquier indicio de maltrato o abuso.
La Línea 102 funciona en todo el país como el principal recurso de atención especializada.
En situaciones de violencia familiar o sexual, la Línea 137 ofrece acompañamiento psicológico y asesoramiento legal inmediato.
Ante un peligro inminente donde la integridad física del menor esté comprometida en el momento, la comunicación debe realizarse directamente al 911 para una intervención policial de urgencia.
Es fundamental que, ante un relato espontáneo de un menor, el adulto mantenga la calma, valide su testimonio sin emitir juicios y evite interrogatorios detallados que puedan contaminar futuras instancias judiciales como la Cámara Gesell.
Finalmente, el sistema de salud y la comunidad educativa operan como nodos de detección. Según la Ley 26.061, ante la mera sospecha fundada —sin necesidad de pruebas concluyentes—, médicos y docentes tienen el deber jurídico de dar intervención a los organismos de protección.
GD / EM
