Este martes a la noche, cuando concluía la masiva movilización a Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos de todo el país por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques posteó en X que había mantenido una “reunión de trabajo” con el Presidente Javier Milei en la que decidieron “avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”.
“En la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra (SIC), salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, escribió Mahiques.
Mahiques, en un segundo posteo, planteó que el Gobierno impulsará el agravamiento de penas para “casos de incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil”.
En la conferencia de prensa de este miércoles, Adorni dijo que “por indicación del Presidente, que considera que hay temas de seguridad ciudadana que no pueden esperar, comenzaremos a trabajar con el Congreso en el endurecimiento de penas”. “No se pueden hacer las reformas a la ligera”, agregó el jefe de Gabinete.
En febrero de 2024, el ministerio de Justicia creó una comisión de especialistas para impulsar la reforma al Código Penal. Fuentes de dicha comisión confirmaron a PERFIL que en esta nueva redacción no se modificaría la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sobre los femicidios, la misma fuente señaló que en el proyecto enviado, que ahora revisa el Ejecutivo, se puso el acento en el agravamiento de las penas por los asesinatos que se cometen por la condición de género de la víctima, sea mujer, trans o cualquier disidencia.
“Lo más importante es que el nuevo Código Penal escuche a la sociedad y a las víctimas, por eso se hace hincapié en los delitos de entraderas y estafas piramidales. También hay una lupa en el crimen organizado y en la corrupción, porque la sociedad ve como deficitaria la respuesta de la Justicia”, confió el integrante de dicha comisión a PERFIL.
Según publicó La Nación, de la reunión de este martes, además del Presidente y Mahiques, también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La discusión por el endurecimiento de las penas y la incorporación de nuevos delitos se da en el marco de las investigaciones que enfrenta el Gobierno en la Justicia en la causa $LIBRA y los expedientes que se abrieron por el viaje de Adorni durante el feriado de Carnaval a Punta del Este y por haber subido a su pareja, Betina Angeletti, al avión presidencial para participar del Argentina week en Nueva York a inicios de marzo.
De acuerdo a lo que trascendió, el Gobierno no haría cambios en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en diciembre de 2020, pese a que el presidente Milei ya se expresó en distintas oportunidades en contra de esa norma. El cumplimiento de la norma es una de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en ingles).
En cuanto al delito de femicidio -que tiene en cuenta la perspectiva de género a la hora de juzgar el crimen de una mujer-, se ampliaría el agravante cuando los crímenes estén motivados por el género de la víctima.
La reforma al Código Penal, una promesa de larga data
Durante el gobierno de Mauricio Macri, se creó una comisión para reformar el Código Penal, que estuvo a cargo del juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky. Mantuvo encuentros entre 2017 y 2019. En marzo de ese año, la propuesta ingresó al Senado. Más acá en el tiempo, en febrero de 2024 el Ministerio de Justicia de la Nación, creó mediante la Resolución 25/2024, la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación, a cargo del vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, Jorge Buompadre, e integrada, entre otros, por el ahora ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y Borinsky.
En diciembre pasado, Patricia Bullrich, presentó los principales lineamientos de la reforma. En rigor, fue una continuidad del acto que se había hecho en octubre, antes de las elecciones legislativas, en el penal de Ezeiza en el que participaron Milei y Bullrich.
En el nuevo Código, los delitos más graves ya no prescribirán: homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Actualmente, los únicos imprescriptibles son los delitos de lesa humanidad. Además, se tipifican delitos inexistentes en el Código actual: “stealthing” (retiro no consentido del preservativo), pornovenganza, secuestro virtual, violencia organizada, estafas piramidales, crueldad animal sistemática, delitos ambientales y desvío de cuota alimentaria.
“El otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían de estar presos y vuelven a delinquir”, señaló Bullrich en la conferencia de prensa del 1º de diciembre, días antes de dejar su cargo de ministra de Seguridad para asumir como jefa del bloque de senadores de La Llibertad Aavanza.
El Gobierno de Milei y el cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
Según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610) mejoró “de manera sustantiva el acceso y la seguridad de las prácticas: entre 2021 y octubre de 2023, más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema de salud, y el 90% se realizaron en el primer trimestre. Estos avances contribuyeron a la reducción de la mortalidad materna por aborto”.
Sin embargo, denuncian que desde 2024 se registran “faltantes generalizados de misoprostol y mifepristona, una caída drástica en la distribución de anticonceptivos y el desmantelamiento del plan ENIA, que había logrado reducir a la mitad el embarazo no intencional en la adolescencia”. “Todo ello ocurre en un contexto de aumento de la mortalidad materna y debilitamiento de las políticas de prevención”, afirman desde la ONG.
