Levemente recuperada de la descompensación que había obligado a suspender la jornada anterior, Hilda Horovitz, expareja del chofer Oscar Centeno, completó su declaración como testigo en el juicio oral por la causa “Los cuadernos de las coimas”. A lo largo de la audiencia, volvió a quedar confrontada con sus propios mensajes y audios, en los que insinuaba tener material comprometedor sobre corrupción y reclamaba dinero a cambio.
A partir de lo que se desprendió del interrogatorio, Horovitz aprovechó un viaje de Centeno a la provincia de Salta durante el tiempo en que convivían para realizar copias furtivas de la documentación que el chofer guardaba en su ropero. El objetivo, según los elementos exhibidos en la sala, era utilizar esos papeles como herramienta de presión.
Desde la fiscalía, a cargo de Fabiana León, reanudaron la audiencia reproduciendo un audio en el que Horovitz se refería a Centeno, a quien denunció por episodios de violencia de género: “Voy a hacerle quilombo, ahora me quedo tranquila porque quiero terminar la casa. Pero no va a quedar acá, va a seguir. Tengo 9 años para hacerlo mierda”.
Precisamente, el testimonio de la mujer osciló en la ambigüedad respecto al alcance real del material que copió para "cubrirse". Mencionó de forma indistinta "papeles", "recibos", "carpetas", "libretas" y "planos de casas". Si bien admitió haber visto los cuadernos originales en el ropero, aclaró que solo llegó a ojearlos, sin precisar si esos manuscritos formaban parte del lote que usó para presionar al entorno del Ministerio de Planificación.
La estrategia de Horovitz incluyó el envío de mensajes a Roberto Baratta, exmano derecha de Julio De Vido y jefe de Centeno, a quien identificaban como el presunto recaudador de la trama. Allí, en uno de los mensajes exhibidos, la mujer exigía: “Que me deposite 2000 por mes y estamos todos tranquilos”.
Además, la fiscalía le requirió explicaciones sobre una fotografía de un bolso con dólares que ella misma le había enviado al exfuncionario. “No sé”, se limitó a responder Horovitz sobre el sentido de esa imagen.
Pese a la contundencia de las pruebas, la testigo evitó calificar su accionar como una extorsión, argumentando que solo buscaba "ayuda" o advertía sobre las consecuencias de los actos de su expareja.
Sin embargo, buscó diferenciarse de otros testigos: “Estoy aceptando lo que hice, que es mucho. Porque acá vino uno que hizo la demencia”, lanzó, en una clara alusión crítica a Julio César Silva, el encargado del edificio de los Kirchner en Recoleta que recientemente se desdijo de sus declaraciones de 2018.
La declaración reactivó además viejos intercambios telefónicos del año 2021 entre Baratta y Miriam Quiroga (excolaboradora de Néstor Kirchner), a quien Horovitz acudió para canalizar su reclamo. Allí, Baratta le pedía a Quiroga que "entretuviera" a la mujer para ganar tiempo.
Al verse cercado por las exigencias, el exfuncionario terminó ordenando que se deshicieran de las copias: “Está loca pero no es boluda”, definía en aquel entonces.
El perfil de Centeno
En la exsala AMIA, a pocos metros de distancia, Oscar Centeno presenció toda la declaración con la cabeza gacha, tomando notas en una libreta. Con la voz quebrada, Horovitz admitió haber sido su “testaferro” y reconoció que su intención era perjudicarlo debido a infidelidades y hechos de violencia física.
Sin embargo, el tramo más incisivo del interrogatorio estuvo a cargo de la defensora de Baratta, la abogada y exministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien indagó sobre el perfil del chofer. Horovitz describió a Centeno como un hombre de temperamento “agresivo”, “variable” y muy hábil para la mentira.
A modo de ejemplo, relató que su expareja había abandonado el Ejército tras arrojarle una granada a un superior, logrando eludir sanciones al simular un brote psiquiátrico.
Respecto al destino de las fotocopias de los documentos, la testigo aclaró que nunca llegaron a manos de los periodistas con los que se reunía en plazas públicas, sino que quedaron en poder de Emiliano Quiroga, hijo de Miriam, con quien compartía espacio laboral en Yacimientos Carboníferos.
Un exvecino de Uruguay y Juncal aportó detalles inmobiliarios
El tribunal citó a Ignacio Laplacette, un empresario que residió entre 2007 y 2011 en el primer piso del emblemático edificio de la calle Uruguay, donde habitaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sin más, Laplacette explicó que debió vender la propiedad por razones de salud y que, si bien las tratativas comerciales fueron coordinadas por el operador inmobiliario Osvaldo "Chucho" Sanfelice, el comprador formal que firmó la escritura fue el empresario Osvaldo De Sousa, socio de Cristóbal López.
Además, el testigo aportó un dato llamativo al cierre de su declaración: relató que tiempo después de la venta, al pasar por el frente del edificio, observó con sorpresa que las ventanas de su antiguo departamento se encontraban completamente tapadas con papeles.
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