El 1° de marzo de 2005 una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) viajó a la Argentina para investigar las denuncias sobre discriminación con la publicidad oficial. La encabezaba el propio presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada, también director del diario El Comercio de Lima, junto al presidente de la Comisión de Libertad de prensa de la SIP, Danilo Arbilla, y lo acompañaban miembros de la Comisión Ejecutiva de la institución, entre ellos Robert Cox, legendario director del Buenos Aires Herald durante la dictadura militar, además de representantes de Canadá, Estados Unidos y países hispanoparlantes.
Hoy, en retrospectiva, resulta paradójico que el funcionario que defendió al gobierno frente a la SIP fue el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien acusó a Perfil de ser “extorsionadora”. Miró Quesada dijo que percibió un “desprecio por la actividad periodística” y sobre el abuso de discrecionalidad en la distribución de la publicidad oficial, Fernández le respondió que “el gobierno no necesita que nadie le diga cómo usar el sistema aplicado”. El presidente de la SIP declaró que “Fernández desconoce la calidad de la prensa argentina para ser interlocutor válido y que no necesitan intermediarios para dirigirse a la ciudadanía”.
La misión de la SIP luego se reunió con Jorge Fontevecchia y directores de las redacciones de las principales publicaciones de Editorial Perfil. Allí Miró Quesada expresó la dificultad que se encontraron para cumplir su tarea porque muchos de los medios del interior que sufrían discriminación, por temor a mayores represalias, no querían formalizar su denuncia. En el interior, salvo una docena de grandes capitales, en la mayoría de las ciudades, la publicidad oficial combinada (nacional, provincial y municipal) representa más del 60% del total de la publicidad. En Tierra del Fuego es el 75%, en Río Gallegos el 70%, en Salta y Jujuy más del 65%, etc. Se podría decir que los medios de comunicación de la mayoría de las provincias del país no pueden resistir con independencia a un gobierno que reclame, a cambio de la publicidad, sumisión.
Ante esa situación, Miró Quesada le reclamóo a Perfil asumir la responsabilidad de hacer una denuncia judicial: “Ustedes deben iniciar un juicio contra el Estado, aunque les cueste años y la situación comercial inicialmente empeore por las represalias del gobierno y el temor de los anunciantes privados. Tienen el deber de hacerlo porque cuentan con los recursos que no tienen las pequeñas publicaciones del interior, que luego se verán beneficiadas con la jurisprudencia. Es una responsabilidad cívica”, remató.
La SIP dejó la Argentina con un duro documento sobre la crítica situación”.
Meses después, Editorial Perfil inició el juicio contra el Estado, que obtuvo un amparo de la Corte Suprema en 2011 y, 15 años después, acaba de conseguir un fallo favorable en primera instancia que termina de consolidar jurisprudencia.
Lea la sentencia completa: Fallo histórico para la libertad de prensa
La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Perfil
El juicio al gobierno se anunció en una conferencia de prensa
Tras cinco años, la Corte Suprema confirmó el amparo
Último ardid del gobierno para no cumplir con la Corte Suprema
