Después de zafar de la moción de censura, propuesta por su propio partido a raíz de las fiestas clandestinas en Downing Street durante los confinamientos por la pandemia de coronavirus, el primer ministro británico, Boris Johnson, siguió adelante con su controvertido plan de enviar a Kigali, capital de Ruanda, a los migrantes que arriben al Reino Unido por rutas ilegales.
El primer contingente iba a partir esta madrugada, pero abortó la operación sobre la hora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, institución que no tiene nada que ver con la Unión Europea y que vigila el respeto de la Convención Europea de Derechos Humanos en el Consejo Europeo.
Se trata del primer plan de mano dura de Johnson después del Brexit: trasladarlos hasta el país africano, a 7.000 kilómetros de Londres. El vuelo debía partir con 130 inmigrantes. Terminaron siendo ocho. Care4Calais y Detention Action, organismos defensores de los derechos humanos, denunciaron en los tribunales, con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lo que califican de “política ilegal”.
El costo de la operación era de casi 600.000 dólares. En lo que va de año, más de 10.000 personas han arribado ilegalmente al Reino Unido cruzando en precarias embarcaciones el Canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.
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La medida ha provocado todo tipo de críticas, más allá de las de la oposición laborista. Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan un escaño en la Cámara de los Lores, enviaron una carta al diario The Times en la que denuncian una práctica “que debería avergonzarnos como nación”. Hasta el príncipe Carlos, heredero del trono británico, calificó el plan de Johnson de “espantoso”.
En cualquier caso, la justicia británica se había puesto del lado del Johnson. El Alto Tribunal de Inglaterra rechazó la petición de organizaciones humanitarias para cancelar el vuelo. La decisión fue ratificada por el tribunal de apelación. El Tribunal Supremo deberá evaluar la legalidad de la política, decisión que demorará hasta finales de año.
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Johnson entiende que enviar a inmigrantes a terceros países para su procesamiento es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos, a la que sigue perteneciendo independientemente del Brexit.
Ruanda negoció el plan con el gobierno británico. Tenía listo un hotel para alojar a unos 100 migrantes a cambio de algo así como 140 millones de dólares.
El Reino Unido no es una excepción. Australia fue uno de los primeros en utilizar centros de detención en alta mar en 2001, cuando anunció que los refugiados iban a ser enviados a Papúa Nueva Guinea y la República de Nauru. En la actualidad, Dinamarca también está negociando con Ruanda el posible envío de inmigrantes que lleguen por rutas ilegales.
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Bajo las nuevas normas impuestas por Downing Street, los refugiados que lleguen a suelo británico por vías legales obtendrán un permiso para quedarse a vivir de manera indefinida. Aquellos que lo hagan por rutas ilegales, aunque logren conseguir asilo, no tendrán los mismos derechos. En su lugar, se les otorgará un estatus de protección temporal, que se revisará cada 30 meses. No tendrán acceso a ayudas sociales ni tampoco derecho a llevar a su familia, aunque se les permitirá trabajar.
GA PAR
