El prestigioso profesor de Filosofía del Derecho, Andrés Rosler, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "agunos dicen que existen toneladas de pruebas, entonces debe haberlas". Y agregó que "no se habla de cómo perseguir al diablo sino que se quiere castigarlo a toda costa", manifestó.
Miguel Ángel Pichetto dijo que es muy difícil probar una asociación ilícita, ¿cuál es su visión sobre la tesis de Claux Roxin sobre la autoría mediata por aparatos de poder, que fue la que permitió que se condene sin prueba directa, por ejemplo, a la dictadura Militar?
Esa tesis es una teoría de derecho penal, para que sea aceptable tiene que pertenecer al derecho penal vigente. Y menos si fue escrita con posterioridad al mismo. Tiene que estar sustentada con pruebas.
Si condeno a alguien sólo sobre la base de una teoría, eso no es un juicio, no sigue el principio de legalidad, sino de la legitimidad que tiene su hábitat natural durante el juicio como sucedió con Luis XVI durante la Revolución Francesa, por ejemplo. El derecho penal creado en ese momento histórico es el liberal, y se enorgullecían de haber establecido el principio de legalidad. Así y todo, como era una evolución no se lo aplicaron a Luis XVI ni a María Antonieta, con lo cual se puede hablar en un sentido amplísimo de juicio revolucionario o legitimo.
Lo que pedimos es la legalidad. Esto, de hecho, viene del derecho canónico de los jueces inquisitoriales que, porque temían por su propia alma, temían de cometer errores al establecer castigos severos. A pesar de la muy mala prensa que tiene la Inquisición, estas garantías penales provienen de la Edad Media, y de ahí la idea de que si el diablo es llevado a juicio, tiene que gozar de una defensa. Hoy nos olvidamos de esta dimensión, no se habla de cómo perseguir al diablo sino que se quiere castigarlo a toda costa.
¿Es posible argumentar, en un caso así, la idea del partícipe necesario, es decir, el enriquecimiento con Lázaro Báez con la participación de distintos funcionarios del Gobierno?
No conozco el caso, la verdad. Me dedico a la teoría del derecho, por eso puedo discutir la violación del principio de retroactividad penal porque ahí no depende el caso en particular. El Congreso sancionó una Ley Penal Retroactiva, que eso lo hacían los nazis. En democracia crearon esa ley. En el caso hay que demostrar que existen pruebas, sobre todo si se trata de una asociación ilícita debido a que es un delito de segundo orden.
O sea que puede resultar más simple demostrar ese delito o en realidad se puede "relajar" el standard de prueba, debido a que ese es el sentido de este delito de segundo orden. Pero en un sistema que siga el principio de legalidad, no se puede condenar a alguien sin pruebas. No estoy diciendo que ahora no las haya, llama mucho la atención en el caso de Lázaro Báez cómo hizo su fortuna. Pero por ahora son presunciones. Y eso no es condenatorio.
¿Podría profundizar que quiere decir "delitos de segundo orden" y cuáles podrían ser las pruebas para condenar a alguien en un caso de asociación ilícita?
Me refiero a que en lugar de condenar a alguien por asociación ilícita, significa que castiga el hecho de organizar un grupo de personas para dedicarse a cualquier delito, pero es de segundo orden porque de ese modo lo subimos o lo bajamos, y eso sugiere que el standard de prueba no es tan estricto pero, insisto, si seguimos el principio de legalidad, no puede ser una carta que se pueda jugar, sin que haya pruebas. Algunos dicen que existen toneladas de pruebas, entonces debe haberlas, aunque otros insistan con la dificultad de conseguirlas.
¿La idea de asociación ilícita se conecta con el concepto del autor detrás del autor?
Se trata de un autor de un delito, y los mismos hay que probarlos, no importa de qué orden sean. Hasta el mismo diablo tiene que ser defendido porque, de otro modo, si uso estos delitos para relajar al standard de prueba quizá sea legitimo pero no es un juicio en sentido estricto. Ahora la discusión es queremos asegurarnos de que nadie quede impune, pero si es lo único que me interesa, no me preocupo por las garantías penales, dejamos de aplicar el derecho vigente.
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¿Siguió los alegatos de los dos fiscales y que opinión general tiene al respecto de esta causa?
Todo juicio penal tiene que resistir el análisis más pormenorizado de las garantías penales. La asociación ilícita es muy difícil de probar. La acusación misma debería preocuparse de que las garantías no hayan sido violadas. Esto es lo que pasó en los primeros juicios a las Juntas. La democracia había marcado una línea muy clara: a diferencia de lo que había pasado antes, se protegía las garantías penales y toda persona condenada lo era porque violó el derecho. Nosotros no lo podemos hacer ni siquiera con aquellos que lo hayan hecho.
Imaginemos que se produce una condena en el Tribunal Oral y lo confirma Casación y la Corte. Si hubiera un conflicto entre la parte importante de la ciudadanía que reclama la no condena de un representante político, pero la Justicia considera suficientes pruebas, ¿cómo se resuelve ese conflicto, para no romper el Estado de Derecho?
Si el conflicto escala a niveles exorbitantes es porque el Derecho ya no lo pudo resolver, pero si se resuelve jurídicamente el pueblo no tiene nada que ver. No importa cuanta gente haya en las calles, no gobierna, sino mediante sus representantes. Esto se tiene que resolver institucionalmente.
El derecho pena y el pueblo no se relacionan, debido a la gravedad de la persecución penal. El indulto también puede considerarse parte de la solución institucional, es más político que la condena pero hablar de indulto es quedarse dentro del sistema de juego. Si hablamos de política no institucional estamos hablando del razonamiento político a cielo abierto y ahi sí se vería el pueblo en la calle, seria romper el Estado de Derecho.
AO PAR
