Con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena llegaron a un acuerdo para culminar el paro nacional que duró más de dos semanas. El gobierno aceptó bajar 5 centavos más a los precios del galón de nafta y de diésel, con lo cual en ambos casos se redujeron en 15 centavos, contando los 10 que dispuso hace unos días.
Lasso también aceptó derogar el decreto que se refiere a la política petrolera; hacer reformas para prohibir la actividad minera en áreas protegidas, zonas intangibles y arqueológicas y fuentes hídricas, y garantizar la consulta previa e informada a las comunidades asentadas en los sitios de producción hidrocarburífera y minera.
Los delegados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) aceptaron culminar las movilizaciones que se venían desarrollando desde el 13 de junio. Dejaron como resultado seis fallecidos y 500 heridos entre efectivos de seguridad y manifestantes, así como el desabastecimiento de productos, medicinas y combustibles en varias zonas del país.
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La huelga, con violentas manifestaciones, fue inicialmente en reclamo de la reducción de los precios del combustible de US$2,45 a US$2,10 el galón, mayor presupuesto para la salud y la educación y la fijación de precios de los productos agropecuarios, entre otras exigencias.
Ambas partes habían empezado el lunes un diálogo que estuvo a punto de desembocar en una salida, pero en la madrugada del martes un presunto ataque indígena a un convoy de combustibles custodiado por fuerzas de seguridad, que dejó un militar muerto y 12 heridos, llevó al gobierno a abandonar las negociaciones.
Por presión de los empresarios, los productores y los agricultores, que a diario deben desechar millones de dólares en productos perecederos, y de la sociedad civil, que padece el desabastecimiento de alimentos, gas y combustible, las partes accedieron a volver a una mesa de negociación con la mediación de la Iglesia.
En el ínterin, Lasso salió ileso de un pedido de destitución de la bancada leal al expresidente Rafael Correa, condenado a ocho años de prisión por corrupción. Reside en Bélgica, que rechaza la extradición.
CB PAR
