El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, enfrenta la amenaza de ser destituido de su cargo cuando un Congreso hostil reanude un debate de juicio político el martes después de que violentas protestas paralizaran amplias zonas del país sudamericano.
La Asamblea Nacional fragmentada reanudará un debate alrededor del mediodía y potencialmente someterá la moción a votación después de extensas deliberaciones durante el fin de semana. El presidente del Congreso, Virgilio Saquicela, independiente, tiene hasta 72 horas para llamar a votación una vez que finalice el debate, lo que podría extender el procedimiento hasta el viernes.
El partido opositor de extrema izquierda Revolución Ciudadana, cercano al expresidente Rafael Correa, presiona por la destitución de Lasso, de 66 años, en virtud de una cláusula constitucional que permite a la Asamblea destituir al jefe de Estado si el país atraviesa una crisis interna importante. El partido controla 47 escaños y necesita otros 45 para alcanzar el umbral de 92 votos necesarios para aprobar la acusación constitucional, o dos tercios de los 137 miembros del Congreso unicameral.
En caso de ser removido de su cargo, Lasso sería reemplazado inmediatamente por el vicepresidente Alfredo Borrero, quien actuaría como presidente interino hasta que se organicen elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.
Ecuador se ha visto afectado por disturbios y enfrentamientos violentos durante las últimas dos semanas debido a protestas encabezadas por grupos indígenas por el aumento de los precios del combustible y los alimentos. Las manifestaciones han interrumpido la producción de petróleo y se han convertido en la mayor crisis política para el exbanquero conservador.
Lasso ha hecho varias concesiones por un valor superior a los US$600 millones para tratar de disipar los disturbios, incluida la reducción de los precios de la gasolina, y su Gobierno mantuvo negociaciones el lunes con algunos de los grupos indígenas.
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Si bien el resultado de la votación está reñido, a la oposición le resultará difícil obtener los 92 votos necesarios dada la oposición pública expresada por otros partidos políticos, dijo Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, un centro de estudios de Quito. “Esto también le permitirá a Lasso hacer algunas concesiones en el diálogo”, dijo.
Aun así, el procedimiento probablemente obtendrá entre 70 y 80 votos cuando el partido indígena Pachakutik y los independientes se unan a Revolución Ciudadana, dejando a Lasso “muy vulnerable a futuros disturbios y esfuerzos de juicio político”, según las analistas de Eurasia Group Risa Grais-Targow y Yael Sternberg.
En toda América Latina, la aceleración de la inflación y la disminución de los ingresos amenazan a los Gobiernos y provocan un aumento de los subsidios para suavizar el golpe a una población que está saliendo de la pandemia con mayor desigualdad y más empobrecida. Los grupos indígenas que lideran la protesta en Ecuador paralizaron el país en 2019 con acciones similares contra el entonces presidente Lenín Moreno.
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Ecuador, propenso a la morosidad, ha estado entre los países políticamente más volátiles de la región. Tuvo siete presidentes entre 1996 y 2007 hasta la llegada de Correa. Montado en el superciclo de los productos básicos de principios de siglo, Correa se mantuvo en el poder durante más de una década antes de mudarse a Bélgica y ser condenado en ausencia por malversación de fondos en 2020.
Los bonos en dólares del país han caído casi un 18% solo este mes, elevando los rendimientos por encima del 13%. El rendimiento adicional sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos que exigen los inversionistas para poseer los instrumentos ecuatorianos se sitúa en 10,77 puntos porcentuales, un nivel considerado en dificultades y con riesgo de impago.
Lasso, quien se ha centrado en estabilizar la macroeconomía a costo de descuidar otros temas, ha perdido efectivamente el control de gran parte del país durante esta crisis, según el politólogo Simón Pachano de la Universidad FLACSO de Quito. El malestar también se explica en parte por la radicalización en los últimos años de partes del movimiento indígena, dijo.
“Esta es una crisis muy grave del Estado”, dijo Pachano.
