La consultora especialista en campañas de anticorrupción, Delia Ferreyra, señaló que la Corte podría declarar la inconstitucionalidad de algunas partes del mega DNU de Milei. Además, se refirió a la posible integración de Ariel Lijo a la Corte Suprema. “La ciudadanía conoce los cuestionamientos que ha habido en cuanto a bienes, patrimonios, la cercanía de un familiar que ejerce de lobista en los tribunales del país, todo eso me parece que afecta la percepción sobre la integridad del juez, que es esencial”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Delia Ferreyra es doctora en Derecho, profesora universitaria y consultora especialista en campañas anticorrupción. Además, fue jefa de asesores de varios diputados, senadores y presidentes de Transparency International y miembro del Steering Committee de la Alianza para el Gobierno Abierto – OGP entre 2018 y 2021 y co-presidente del Consejo Global de Anticorrupción del Foro Económico Mundial entre el año 2019 y 2022. A su vez, fue presidenta del Poder Ciudadano de la Argentina.
Habiendo sido mencionada como candidata a la Corte, ¿cuál es su opinión respecto de la importancia de las diferencias de perspectiva que puede tener una persona de otro sexo para integrar la Corte Suprema?
Es un tema muy importante. En el siglo XXI y en Argentina se ha trabajado mucho para la incorporación de mujeres a los procesos de decisión, hemos sido pioneros en Latinoamérica. La incorporación de mujeres no tiene que ver con una lucha de género, sino con un déficit democrático cuando se excluye o no se garantiza la participación de más de la mitad de la población en los procesos democráticos, creo que hay un déficit democrático cuando hay ausencia de mujeres en los procesos de decisión. De todas maneras, en el caso de la Corte, a nivel constitucional, no hay ninguna regla sobre incorporación de mujeres.
En el decreto que autolimitó la capacidad del Ejecutivo para hacer los nombramientos en la Corte, que es el decreto del año 2003, se establece que entre los criterios que debe tener en cuenta el Presidente de la Nación para hacer las propuestas, que luego deben ser aprobadas por el Senado, debe atender a la diversidad de género, la diversidad de especialidad y de origen geográfico en un Estado Federal. Hay algunos juristas que ven en no integrar a una mujer un problema en la interpretación del decreto, hay quienes han propiciado la nulidad de una propuesta que no sea de una mujer. En Argentina hay mujeres altamente capacitadas para todos los cargos, hay una fundación en Chile que se llama “Hay Mujeres", para contrarrestar el argumento de que no hay mujeres para estos puestos, no es el caso de Argentina.
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Usted es una de las profesionales que se pronuncia en contra de la designación de Ariel Lijo en la Corte, ¿a qué se debe esa negativa?
En general mi objeción tiene que ver con la integridad que deben tener los miembros de la Corte. La integridad es un requisito esencial, y no se trata solo, como establecen los principios internacionales, de ser íntegro, sino también de parecer íntegro. De manera tal que cualquier sospecha de parcialidad o de manejo intencionado de las causas o las múltiples denuncias que Ariel Lijo ha tenido en el Consejo de la Magistratura, más las demoras en algunos juicios y la aceleración en otros, que parecen no responder al proceso normal de las causas y generan la sospecha de falta de integridad. La ciudadanía conoce los cuestionamientos que ha habido en cuanto a bienes, patrimonios, la cercanía de un familiar que ejerce de lobista en los tribunales del país, todo eso me parece que afecta la percepción sobre la integridad del juez, que es esencial.
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La semana pasada la Corte Suprema de Justicia descartó dos reclamos contra el DNU 70/23. ¿Usted cree que estas resoluciones anticipan el resultado del resto de las presentaciones sobre el Decreto 70/23 que se encuentran en la Corte?
Las dos decisiones de la Corte no tienen que ver sobre si el Decreto es constitucional o no, sino con cuándo, quién o en qué condiciones pueden presentar cuestionamientos al decreto. En este caso, se dijo que no había causa judicial para resolver porque no había una afectación directa de los derechos. Mi impresión, sin ninguna información especial, es que la Corte podría declarar la inconstitucionalidad de algunas partes del decreto. Una de las cosas que se han discutido es si había necesidad y urgencia, obviamente la emergencia económica es a todas luces algo que todo el mundo puede ver, la necesidad de medidas urgentes para enfrentar esa crisis existe, pero, por ejemplo, no creo que convertir en sociedades anónimas los clubes de fútbol esté amparado por esa discusión, es algo que se puede resolver con tiempo y no hay ninguna necesidad y urgencia, si alguien cuestionara eso, en ese sentido, la Corte podría decir algo. Hay que esperar la resolución de los casos donde hay afectación de normas particulares del decreto.
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¿Encuentra algún vínculo posible entre esta decisión de la Corte y la propuesta para miembro de la Corte de Ariel Lijo y de Manuel Garcia Mansilla?
Sinceramente sí, entre las cosas que hemos escuchado después de que surgió el nombre de Lijo y la vinculación o la sugerencia que podría haber tenido el doctor Lorenzetti en esa nominación, creo que en parte de esa conversación estuvo la idea de transmitirle al Presidente que la Corte o una mayoría integrada por los jueces Rossati y Rosenkrantz estarían en contra del Presidente y su medida a través del DNU 70/23, y que esa actitud contraria de la Corte al Ejecutivo podría justificar la integración de otros miembros, incluso el adelanto del doctor Maqueda, que todavía es miembro de la Corte. Creo que hubo una coincidencia como para mostrar que no hay esa animadversión que el Presidente había destacado en función de los comentarios que supuestamente le habían llegado.
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Educación pública
Como profesora universitaria, ¿cómo recibe el desfinanciamiento que está llevando adelante el Gobierno de todas las universidades públicas?
No soy profesora en la actualidad, he sido profesora de la UBA y de otras universidades. Soy producto de la educación pública argentina y la apoyo completamente en todos sus niveles, desde el jardín de infantes hasta los posgrados y la investigación. Creo que la educación pública es uno de los baluartes argentinos que han contribuido a generar una cultura importante. Tenemos el problema de la prórroga del presupuesto del 2023, lo último que hemos visto es que el viernes el Gobierno ha hecho una propuesta en la negociación con el consejo universitario para aumentar por algunos meses la partida, creo que eso está en negociación y que la educación pública es una prioridad.
Tenemos que acostumbrarnos a que en Argentina los recursos públicos vienen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, es por esto que los presupuestos públicos deben usarse priorizando las necesidades correspondientes con mucho cuidado, control y transparencia. Los ciudadanos tenemos derechos a saber en qué se usan los recursos que provienen de nuestros impuestos, y esa transparencia y ese control deben ser oportunos, no puede ser que seis años después de un ejercicio presupuestario nos enteremos de que se han gastado fondos destinados a la universidad para grabar novelas o cosas por el estilo.
VF FM
